Chaco impulsa un proyecto de ley para evaluar la salud mental de las fuerzas de seguridad
Lo presentó el diputado Rodrigo Patricio Pavón y tiene como objetivo garantizar el bienestar mental de los agentes, así como prevenir situaciones de violencia o uso indebido del arma reglamentaria.
El diputado Rodrigo Patricio Pavón, del interbloque Juntos Por el Cambio, presentó en la jornada de este miércoles un proyecto de ley de control obligatorio de evaluación integral de salud mental para las fuerzas de seguridad de la provincia.
Esta presentación se da el mismo día que Gabriel Fernando Danielo, agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se quitó la vida tras matar a la novia de su ex pareja, y deja al descubierto el poco o nulo control psicológico sobre los uniformados.
El proyecto de Pavón tiene como objetivo garantizar el bienestar mental de los agentes, así como prevenir situaciones de violencia o uso indebido del arma reglamentaria. Las evaluaciones serán confidenciales, no afectarán el estatus laboral de los efectivos y estarán a cargo de equipos interdisciplinarios compuestos por un psicólogo, un psiquiatra y un trabajador social.
Se prevé que el examen sea condición obligatoria para el desempeño operativo y la portación de armas, y deberá implementarse bajo la coordinación de la Dirección de Salud correspondiente.
De esta manera, todos los miembros de las fuerzas policiales de seguridad deberán someterse a sesiones psicológicas y de psicoanálisis de manera regular, como parte integral de su atención médica. Las mismas serán confidenciales y no afectarán el estatus laboral ni la promoción dentro de las fuerzas policiales.
También contempla la intervención obligatoria en casos donde un agente haya hecho uso del arma en situaciones de abuso o violencia, con evaluaciones psicológicas específicas. Aquellos declarados no aptos para portar armas deberán iniciar tratamiento psicológico durante un período mínimo de seis meses.
La norma surge como respuesta a hechos de violencia policial, suicidios y femicidios ocurridos en la provincia y en el país, muchos de ellos cometidos con armas reglamentarias. Según estudios de análisis estadísticos, aumentó la participación de miembros de fuerzas de seguridad en los femicidios directos, ya que pasaron de ser el 2,5% de los sujetos activos en el año 2020 al 9,6% en el año 2021 (10,4% si se incluye seguridad privada), siendo incluso más alta que en el año 2019 (6% y 7,5% incluyendo seguridad privada). En el año 2022 hubo 252 femicidios, de los cuales al menos 18 perpetradores activos pertenecían a fuerzas de seguridad.
Según estudios de mortalidad policial realizados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, los suicidios ocupan el segundo lugar entre las causas de muertes violentas en las Policías y Fuerzas de Seguridad Federales. Entre 2016 y 2019 se registraron un total de 70 casos de suicidio en las Fuerzas Federales, representando el 35% de las muertes por causas externas en la población policial, con un 50% en mujeres y 33% en varones. Además, el 57% de estos suicidios ocurrieron antes de los 35 años, siendo las edades entre 25 y 29 años las más afectadas.
CASOS EN CHACO:
Los casos más conocidos y actuales en Chaco causados por agentes de policía son: el femicidio y suicidio en Presidencia de la Plaza, en enero de 2024, del sargento Claudio David Mambrin, de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Sáenz Peña, y su pareja; la muerte de la cabo Agustina Caro, en diciembre del mismo año, quien fue hallada muerta con un disparo en la cabeza en Sáenz Peña. Su pareja, también oficial de policía, fue detenido y la causa se investiga como "muerte dudosa". También el suicidio del cabo Federico Fogliatti, en abril de 2024, quien fue encontrado muerto con un disparo de arma de fuego, presuntamente autoinfligido, y se sospecha que utilizó su arma reglamentaria.
LEYES EN OTRAS PROVINCIAS
Cabe mencionar que varias provincias argentinas han implementado normativas que establecen evaluaciones psicológicas obligatorias para el personal de las fuerzas de seguridad, buscando garantizar la aptitud mental de los agentes, tanto en el ingreso como durante su desempeño y, en algunos casos, tras su retiro.
Por ejemplo, en 2023 Catamarca aprobó por unanimidad una ley que crea un Sistema Integral de Salud Mental para las fuerzas de seguridad. Esta normativa exige evaluaciones psico-socio-familiares para aspirantes, personal en actividad y retirados.
Algo similar ocurrió en Neuquén, con la sanción de la Ley N° 2.737, que reconoce la salud mental como un proceso determinado por múltiples factores y establece la creación de equipos interdisciplinarios para abordar estas cuestiones. Si bien no se detalla específicamente la aplicación a las fuerzas de seguridad, la normativa sienta las bases para políticas públicas en salud mental que podrían incluir a estos cuerpos.
Mientras que la provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional 26.657 de Protección de la Salud Mental mediante la Ley 14.580. Si bien esta adhesión no establece evaluaciones psicológicas obligatorias específicas para las fuerzas de seguridad, sí promueve políticas de salud mental que podrían aplicarse a estos sectores.
En Río Negro, la Ley Provincial N° 2440 establece la promoción sanitaria y social de las personas que padecen sufrimiento mental. Aunque no se especifica su aplicación directa a las fuerzas de seguridad, la normativa podría servir de marco para implementar políticas de salud mental en estos cuerpos.