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Caso $Libra: ahora, la Justicia de Estados Unidos ordenó congelar US$280 millones

Se trata de las ganancias generadas por el criptoescándalo vinculado al presidente Javier Milei. Se suma al congelamiento de casi 60 millones de dólares de dos billeteras de Hayden Davis.

Javier Milei junto a Hayden Davis, la cara del $Libra.

Se reveló que fue la Justicia de los Estados Unidos que ordenó el congelamiento del dinero de $Libra. Se trata de 280 millones de dólares en ganancias resultantes del criptoescándalo que tiene al presidente Javier Milei en la mira, por promocionarlo públicamente el pasado 14 de febrero.

La resolución fue emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, tras ser solicitada por el estudio jurídico Treanor Law con el objetivo de impedir que los presuntos responsables dispongan de los fondos mientras avanza la causa judicial.

La resolución fue firmada por la jueza Jennifer Louise Rochon y también dispone la inmovilización de otros 58 millones de dólares alojados en billeteras virtuales vinculadas directamente a la operación. Esta parte de la orden fue ejecutada en los últimos días por Circle Internet Group, la empresa emisora del criptoactivo.

"Este es un paso fundamental para garantizar justicia a quienes adquirieron Libra engañados por promesas falsas sobre su impacto en la economía argentina", expresó Timothy J. Treanor, director de Treanor Law y exfiscal federal de los Estados Unidos.

Treanor destacó, además, que la orden contra Circle constituye el mayor congelamiento de fondos obtenido hasta el momento contra un emisor de criptomonedas por iniciativa de un particular.

La causa por la presunta criptoestafa también tiene una demanda colectiva que involucra a los mismos acusados por una criptomoneda previa, $M3M3.

Aunque la demanda colectiva presentada en marzo menciona al presidente Javier Milei en seis oportunidades, por su rol en la difusión de Libra, los abogados decidieron no incluirlo como parte de los demandados. También fueron excluidos otros funcionarios nacionales.

Según trascendió, esta estrategia buscó evitar conflictos jurisdiccionales o demoras legales por involucrar al Estado argentino.

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