El Gobierno busca tomar distancia de los proyectos para ampliar la Corte

El Gobierno nacional decidió tomar distancia del debate por la ampliación de la Corte Suprema y aseguró que no acompañará ninguna de las iniciativas en discusión en el Senado. Este martes, la Cámara Alta comenzó a tratar ocho proyectos en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

Entre las propuestas figura la del senador de Cambio Federal, Juan Carlos Romero, aliado de La Libertad Avanza, que impulsa una reforma para llevar el número de integrantes del máximo tribunal a siete, con un piso mínimo de dos mujeres. Se trata de una de las iniciativas que el Ejecutivo había negociado con el kirchnerismo durante el fallido intento por aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en las sesiones extraordinarias de febrero. Sin embargo, ahora en la Casa Rosada aseguran que esa propuesta "no está en carpeta".

Pese a esto, el oficialismo mantiene su intención de avanzar con la cobertura de todas las vacantes judiciales antes de las elecciones legislativas de octubre. La estrategia, explican cerca del presidente Javier Milei, consiste en negociar un paquete completo que incluya todos los pliegos pendientes: los de los más de 150 juzgados federales vacantes, el nuevo procurador general de la Nación —en reemplazo de Eduardo Casal—, y eventualmente los candidatos a la Corte Suprema. En ese sentido, descartan tratar los pliegos por partes.

Respecto de los nombramientos de Lijo y García-Mansilla, el Ejecutivo no descarta volver a impulsar sus candidaturas en el Senado, pese al rechazo que sufrieron los decretos que los nombraban en comisión a principios de abril. "Lo que se rechazó fueron los decretos, no los pliegos. Todavía pueden tratarse", explican en Balcarce 50.

En paralelo, el Gobierno explora otras opciones para avanzar en la negociación judicial. Entre los nombres que circulan figuran los abogados Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y Ricardo Rojas, quienes habían sido considerados para reemplazar a Rodolfo Barra al frente de la Procuración del Tesoro. En la lista también hay una candidata mujer, cuyo nombre aún no trasciende.

En el paquete de negociaciones con la oposición también se incluye la Defensoría General del Pueblo, actualmente a cargo de Stella Maris Martínez. Sin embargo, en el entorno de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, admiten que será difícil avanzar con estas designaciones con la actual composición del Senado.

Por otra parte, desde la Casa Rosada niegan haber tenido injerencia en la caída del proyecto de Ficha Limpia, iniciativa impulsada por el PRO. Algunos sectores habían acusado al oficialismo de haber facilitado su fracaso para acercarse al kirchnerismo en el marco de las negociaciones por las vacancias judiciales. El proyecto fue rechazado con los votos en contra de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, aliados del exgobernador Carlos Rovira, quienes suelen acompañar al oficialismo.

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