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Dirigentes opositores firmaron una declaración en "defensa de la libertad de prensa"

El documento firmado por el GEN, la UCR, el PRO, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Unión por la Patria, rechaza los cuestionamientos del Gobierno nacional hacia periodistas y medios.

Javier Milei, presidente de la Nación.

Referentes de diversos espacios políticos firmaron una declaración conjunta para expresar su preocupación por lo que consideran ataques del presidente Javier Milei a periodistas y medios de comunicación. El documento, titulado "25 de Mayo y un compromiso democrático en Defensa de la Libertad de Prensa", fue impulsado por el presidente del GEN, Sergio Abrevaya, y cuenta con el respaldo de dirigentes del GEN, la UCR, el PRO, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Unión por la Patria.

"Observamos con preocupación la escalada de las expresiones desde el máximo estamento de poder, cómo el Presidente de la Nación, y muchos de sus seguidores, usan la descalificación, el insulto o hasta denuncias contra periodistas, o ataques a los propios medios de comunicación, como un intento de deslegitimación de su palabra", indica el texto.

La declaración fue suscripta por Margarita Stolbizer, Martín Lousteau, Facundo Manes, Emilio Monzó, Victoria Tolosa Paz, Daniel Arroyo y Ricardo López Murphy, entre otros. En el documento se convoca a referentes políticos, sociales, culturales y ciudadanos a adherir públicamente a la defensa de la libertad de expresión.

"Nuestra fecha patria, este 25 de Mayo, es una oportunidad para ratificar el compromiso democrático con la libertad de prensa", señala el comunicado.

También propone una serie de acciones frente a situaciones que se consideren intimidatorias hacia el periodismo: "Sostener un apoyo irrestricto a la libertad de expresión, incluso cuando las críticas se dirijan a nuestros propios espacios o referentes", "denunciar de manera pública y sostenida cada intento de hostigamiento del poder contra periodistas", y "utilizar todos los canales institucionales y sociales para visibilizar y condenar estos actos de persecución".

Por último, el texto advierte que "la incitación al odio de manera explícita, o el ejercicio de violencia física en algunos casos, hacen más grave aún la situación y nos ponen en el deber de advertir sobre el grave retroceso institucional que ello implica, afectando la convivencia democrática, el respeto y el debate público en la Argentina".