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La Justicia ordenó mejorar el uso de celulares en cárceles chaqueñas

El Superior Tribunal de Justicia sostuvo que es constitucional el sistema que limita la utilización de dispositivos adentro de los establecimientos penitenciarios de la provincia.

El STJ determinó que es constitucional el sistema que limita el uso de telefonía celular e internet en cárceles provinciales, aunque declaró la inconstitucionalidad de la inhibición o bloqueo permanente de los aparatos.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco ordenó que se arbitre la implementación de la ley 4033-J, la cual establece la "limitación del uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia". Además, el órgano declaró inconstitucional la inhibición o bloqueo permanente de dispositivos móviles en las unidades.

Fue en el marco de la sentencia 183/25 en la que el STJ hizo lugar de forma parcial al habeas corpus presentado por la Defensora General Adjunta y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura.

En los argumentos, el órgano provincial determinó que es constitucional el sistema que limita el uso de telefonía celular e internet en cárceles provinciales, aunque declaró la inconstitucionalidad de la inhibición o bloqueo permanente de los aparatos.

El órgano aseguró que el protocolo penitenciario y la disposición policial proclaman que la medida se da a fin de "garantizar el derecho a la comunicación con el entorno familiar, social y jurídico".

Asimismo, el órgano aseguró que el protocolo penitenciario y la disposición policial proclaman que la medida se da a fin de "garantizar el derecho a la comunicación con el entorno familiar, social y jurídico" de los detenidos. Sin embargo, advierte que se evidencia "una estructura o modalidad cuestionable que dificulta y restringe inadecuadamente el ejercicio de aquel derecho".

"Aunque no se comprueba una incomunicación total de las personas privadas de su libertad con el exterior, se advierte de las pruebas aportadas y de los testimonios vertidos una serie de inconvenientes en la puesta en práctica del sistema que redundan en restricciones arbitrarias y desproporcionadas al ejercicio efectivo del derecho a la comunicación", afirmaron desde el STJ.

En cuanto a de las deficiencias que detectaron, se destaca la poca organización para implementar el nuevo sistema de comunicaciones, la escasez de recursos, tanto técnicos como humanos para llevarlo a cabo, los reducidos tiempos de uso y la distribución inequitativa de los equipos.

"La falta de medios adecuados y la ineficiencia estructural del sistema no pueden justificar restricciones o limitaciones que resulten irrazonables o desproporcionadas", resaltaron

Con ese panorama, se dispuso que el nuevo régimen deberá ser implementado de acuerdo a siete recomendaciones del STJ orientadas a mejorar la comunicación en contexto de encierro.

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