El Gobierno busca privatizar más empresas públicas, pero los procesos están estancados
Más de 30 entidades estatales están incluidas en los planes de privatización. Mientras algunas iniciaron transformaciones jurídicas o negociaciones con provincias, la mayoría sigue bajo control estatal y sin avances concretos.
A más de un año de iniciada la gestión del presidente Javier Milei, el plan oficial para reducir la participación estatal en el sector empresarial aún no logró avances significativos. Pese a que más de 30 empresas públicas están incluidas en los planes de privatización, incorporación de capital privado o cierre, muchas de las iniciativas aún no se concretaron o enfrentaron fracasos en las primeras licitaciones.
El Gobierno sostiene que, pese al ajuste, el Estado no se agrandó. En términos de subsidios y empresas, la estructura estatal se achicó con la venta de Impsa, el cierre de la Administradora de Capital Humano Ferroviario y la estatización del corredor vial del Litoral. Sin embargo, la mayoría de las compañías continúa bajo control estatal.
Entre los pocos casos con definiciones, se encuentra la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), que será transferida a la provincia de Córdoba. También Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) quedará en manos del gobierno de Catamarca, que ya recibió además la transferencia de Minas Capillitas, antes a cargo de Fabricaciones Militares.
Otras empresas, como el Banco Hipotecario y el BiCE, podrían abrir su capital o incluso cerrar, como en el caso del segundo. En la Casa de la Moneda, se avanzó en su transformación en Sociedad Anónima Unipersonal, con un plan de retiros voluntarios y cierre definitivo.
Arsat prevé asociarse con empresas privadas por unidad de negocio, y Nucleoeléctrica Argentina evalúa una venta parcial con asesoría internacional. En el Correo Argentino, se planea entregar la operación a un nuevo concesionario, transfiriendo al personal y liquidando inmuebles.
En el sector ferroviario, se anunció la privatización de Belgrano Cargas y se estudia concesionar servicios de la Operadora Ferroviaria. Tandanor, en tanto, se venderá, mientras que Aysa podría pasar a tener un accionista mayoritario privado, con parte del paquete accionario destinado al personal y al mercado.
Otras compañías, como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, serían divididas en unidades de negocio, y firmas como Intea o el Polo Tecnológico Constituyentes enfrentan un futuro incierto.
En cuanto a medios públicos y empresas de comunicación, se analiza su conversión en sociedades anónimas, aunque sin definiciones claras. Aerolíneas Argentinas y LADE, por ahora, siguen sin planes concretos.
La Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, a cargo de Diego Chaher, coordina las acciones junto a otros funcionarios del gabinete, pero los tiempos administrativos, la falta de balances aprobados y la necesidad de pasar por el Congreso dilatan los avances. Aunque la hoja de ruta está trazada, gran parte del proceso permanece sin definiciones.