El Gobierno reclama a universidades y ONGs la rendición de $ 33.000 millones
El relevamiento realizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, reveló que 672 instituciones educativas y científicas del país mantienen pendientes de rendición fondos públicos por un total de $ 33.000 millones.
Un relevamiento realizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la dirección de Darío Leandro Genua, reveló que 672 instituciones educativas y científicas del país mantienen pendientes de rendición fondos públicos por un total de $ 33.000 millones. La auditoría, oficializada mediante la Resolución N° 10/2025 y publicada en el Boletín Oficial, forma parte del proceso de revisión iniciado tras la transferencia de competencias del ex Ministerio de Ciencia a la Jefatura de Gabinete, dispuesto por el DNU N° 8/2023 del presidente Javier Milei.
Entre las instituciones con mayores montos sin justificar se encuentran varias universidades nacionales. La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) encabeza el listado con $ 902,7 millones, seguida por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con $ 896,2 millones y la Universidad Nacional Arturo Jauretche con $ 683,3 millones.
También presentan deudas importantes la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de General San Martín, la Universidad de Hurlingham y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), todas con montos superiores a los $ 430 millones.
La auditoría también alcanzó a programas vinculados a organizaciones sociales, cooperativas y entidades sin fines de lucro. Entre ellos, se destacan subsidios como el adjudicado a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros ($ 6,4 millones), a la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Ltda. ($ 7,7 millones) y a la Asociación Civil Néstor Vive Varela ($ 10 millones).
En paralelo, el Ejecutivo resolvió dar de baja convenios vencidos como los del Programa Federal Construir Ciencia y el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECyT), al tiempo que prorrogó hasta el 30 de junio de 2025 el plazo para que las entidades beneficiarias rindan cuentas o reintegren los fondos no utilizados, incluidos intereses por colocaciones financieras. Vencido ese plazo, se iniciarán acciones de recupero administrativas o judiciales, según se establece en la resolución.
El gobierno también eliminó el Programa de Subsidios Institucionales, que financiaba el funcionamiento de centros de investigación no estatales, como el Centro de Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, que recibió en 2023 $ 1,3 millones para cubrir gastos operativos.
Desde la Casa Rosada señalan que estas medidas forman parte de una política de racionalización del gasto público, impulsada desde el 10 de diciembre de 2023. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, instruyó a la Secretaría a realizar una evaluación integral de los programas vigentes, muchos de los cuales presentaban ejecución parcial, plazos vencidos o fondos sin rendir.