Diputados: la oposición busca activar la comisión para investigar el caso Libra
La Cámara de Diputados es el escenario de la segunda parte del debate por el caso Libra, con la conformación de una comisión investigadora especial.
Este miércoles, la Cámara de Diputados es el escenario de la segunda parte del debate por el caso Libra, con la conformación de una comisión investigadora especial. La instancia se activó tras la extensa interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien negó vínculos del Gobierno con la polémica criptomoneda.
La comisión estará integrada por 28 diputados: la mitad responde al oficialismo y sus aliados, incluyendo legisladores del PRO, MID, la UCR, Innovación Federal y la Liga del Interior. La otra mitad corresponde a fuerzas de la oposición, como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
El martes, en una sesión marcada por la tensión, Francos fue el único funcionario del Ejecutivo que se presentó en el recinto, luego de que los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Economía, Luis Caputo, se excusaran "por cuestiones de agenda". En su exposición, Francos leyó un documento en el que rechazó cualquier tipo de pago para gestionar reuniones con el presidente Javier Milei y negó vínculos con la criptomoneda.
"El Presidente y sus funcionarios no mantuvieron ningún contacto ni asumieron compromiso alguno con el proyecto Libra", sostuvo. Además, señaló que "la decisión de retirar el posteo presidencial fue un acto de prudencia", y ratificó la voluntad del Gobierno de colaborar con la Justicia.
QUÉ INVESTIGARÁ LA COMISIÓN
La comisión investigadora tendrá como objetivo dilucidar el grado de participación y responsabilidad política de funcionarios en la difusión de Libra, especialmente por el posteo realizado en la cuenta oficial de Milei el 14 de febrero. También investigará a figuras como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro Caputo
Entre sus facultades, la comisión podrá remitir oficios, pedir informes a entes públicos y privados, citar funcionarios —incluso al Presidente— y tomar testimonios. Tendrá un plazo de tres meses para elaborar un informe final con conclusiones, recomendaciones e incluso eventuales sugerencias de sanciones.
POSIBLE ESCENARIO DE JUICIO POLÍTICO
Si el informe final encuentra fundamentos sólidos sobre responsabilidades políticas del Presidente, se podría avanzar con un pedido de juicio político, tal como impulsa el bloque de Unión por la Patria. Sin embargo, todo dependerá del equilibrio interno de la comisión y de la posibilidad de alcanzar consensos en medio de un clima legislativo polarizado.