La Justicia definió que no abrirán el celular del abogado Ricardo Osuna
En la máxima instancia se avaló la presentación de las defensoras del penalista acusado de abigeato. "Se vulnera el derecho a la intimidad y al secreto profesional", argumentaron.
El Superior Tribunal de Justicia de Chaco hizo lugar al recurso de queja que presentó la defensa de Ricardo Osuna contra el pedido del juez de Garantías para abrir y examinar su celular, en el marco de las causas que tiene al letrado como imputado por supuesto abigeato.
Los jueces Víctor del Río e Isabel Iride hicieron lugar al recurso de queja presentado por las abogadas Gabriela Tomljenovic y Rocío de Jesús Ramírez, quienes defienden a Osuna, contra el decreto fundado Nº 56/25 que autorizaba la apertura y examen total de su teléfono celular.
Cabe destacar que la defensa pidió una audiencia de oposición contra la solicitud para abrir el teléfono, efectuada por el Ministerio Público Fiscal, y que fue rechazada por el Juzgado de Garantías.
Ahora, la defensa argumentó que la misma vulneraba el derecho a la intimidad y al secreto profesional, siendo que Osuna es un abogado con cientos de causas en trámite. Además, cuestionaron la falta de motivación y proporcionalidad de la medida dispuesta por el juez, tildándola de "genérica, vaga y arbitraria".
Las abogadas indicaron que, ante estos pedidos de apertura de celulares, los motivos "deben ser bastante serios y concretos" y que el secuestro del celular de Osuna "fue antojadizo porque si hubiera sido de interés para la causa, la jueza lo hubiera incluido en la solicitud de allanamiento, cosa que no hizo".
También sostuvieron que "no existe forma de fraccionar, segmentar o aislar la información almacenada" en el celular de Osuna.
Ante esto, el Tribunal revocó la medida, indicando que la misma "carece de fundamentación suficiente" y que "carece de motivación en cuanto a la necesidad y pertinencia de la medida". Además, el STJ agregó que las circunstancias "no resultan suficientes por sí mismas para fundamentar la apertura" del teléfono.
Sin embargo, indica que el examen del celular podrá ser dispuesto "únicamente en caso de resultad pertinente para la investigación" y realizando las acciones para asegurar en mayor medida los derechos constitucionales de las personas y el secreto profesional.