El Gobierno se comprometió con el FMI a reducir aún más los subsidios a la energía
Actualmente, seis de cada diez hogares reciben asistencia para pagar la tarifa eléctrica. En el marco del nuevo acuerdo con el organismo, el Ejecutivo prepara un nuevo esquema, y la clase media será la más afectada.
Los subsidios a la energía nuevamente están bajo la lupa del Fondo Monetario Internacional: entre los varios condicionamientos que impuso el nuevo organismo en el nuevo acuerdo que otorgó USD 20 millones al país, se encuentra la reducción de las bonificaciones en las tarifas de luz, las cuales hoy alcanzan a 9,5 millones de hogares, lo que representa un 60% de los usuarios residenciales.
De esta manera, el Gobierno nacional avanzará en un nuevo esquema de asistencia, que reducirá la cantidad de beneficiarios con el objetivo de concentrar los recursos en los sectores de menores ingresos.
El sistema vigente segmenta a los usuarios en tres niveles según su capacidad económica: quienes tienen ingresos altos pagan la tarifa plena; los hogares de ingresos bajos acceden a una tarifa subsidiada más amplia; y un grupo intermedio recibe una bonificación más acotada. Según los últimos datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hay 6,2 millones de hogares en el segmento más vulnerable y 3,2 millones que forman parte de la clase media.
El nuevo esquema excluiría de los subsidios a la mayor parte de este último grupo. También podrían quedar afuera algunos usuarios de bajos ingresos que no logren acreditar formalmente su situación económica. La intención del Gobierno es rediseñar este sistema antes de fin de año, como parte de las metas acordadas con el FMI para reducir el gasto público.
El gasto en subsidios al sector energético representó el año pasado alrededor de USD 6.250 millones, una caída del 35% respecto a 2023. De acuerdo con proyecciones privadas, esa cifra bajaría a USD 4.433 millones en 2025, lo que equivaldría al 0,7% del PBI, el nivel más bajo desde 2007.
Otro punto clave del rediseño del sistema es la liberalización del mercado eléctrico. Una reciente resolución del Gobierno habilita a las empresas del sector a negociar contratos de manera directa, sin intervención de la estatal CAMMESA. Esta medida busca abrir el juego a la competencia y reducir la presión fiscal, pero también genera tensiones internas y dudas sobre la cobertura futura de los subsidios.
Además, avanza un proceso de revisión tarifaria quinquenal con transportistas y distribuidoras, que fijará nuevas reglas de actualización y exigirá mejoras en la calidad del servicio. Aunque todavía no hay fechas concretas para los cambios, desde el Gobierno aseguran que el proceso será gradual, salvo que las condiciones fiscales exijan acelerar el ajuste, y se comenzará a aplicar antes de fin de año.