La UIF ya no podrá ser querellante en las causas de corrupción y lavado
A través del decreto 274/2025, el presidente Javier Milei ordenó que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de actuar como querellante en causas vinculadas a corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
A través del decreto 274/2025, el presidente Javier Milei ordenó que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de actuar como querellante en causas vinculadas a corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. La medida, que también lleva las firmas del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, argumenta que esta función "superpone la actividad" de la UIF con la del Ministerio Público Fiscal (MPF), lo que implica un gasto innecesario de recursos y un riesgo de contradicciones en la estrategia judicial.
Desde el Ejecutivo sostienen que se busca optimizar el uso de recursos humanos y económicos, reducir la superposición de funciones entre organismos estatales y garantizar una mayor coordinación en las políticas públicas. En ese sentido, se plantea una reestructuración que apunte a "una gestión más ágil y centralizada".
RECOMENDACIONES DEL GAFI Y AUTONOMÍA DE LA UIF
El decreto toma como referencia las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve que las unidades de inteligencia financiera mantengan autonomía e independencia operativa. En esa línea, el informe citado en el texto oficial sugiere que la participación de la UIF como parte querellante podría afectar su rol técnico y analítico, limitando su capacidad de colaborar de manera imparcial con los organismos judiciales y el MPF.
"La Argentina debe reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa", señala el documento.
EL NUEVO ROL DE LA UIF
Pese a la eliminación de su función como querellante, el decreto reafirma la competencia de la UIF para poner a disposición del Ministerio Público Fiscal los elementos de convicción que obtenga en sus investigaciones. Además, podrá seguir colaborando con los órganos judiciales y fiscales en causas relacionadas con el lavado de activos, el terrorismo y delitos conexos, de acuerdo con las pautas que se establezcan reglamentariamente.
También se estableció que la UIF deberá ajustar sus obligaciones en función de un enfoque basado en riesgo, eficiente y eficaz, que contemple las distintas capacidades técnicas y recursos de los sujetos obligados.
FUNDAMENTOS DE LA MEDIDA
El Gobierno justifica esta decisión en la necesidad de reorganizar competencias, evitar duplicaciones, y asegurar un uso más eficiente de los recursos del Estado. "Resulta necesario adoptar medidas inmediatas a efectos de ajustar las actividades desarrolladas en orden a un mejor y eficaz cumplimiento de las responsabilidades y compromisos institucionales que le impone al Estado Nacional su participación responsable en los Organismos Internacionales", señala el decreto.
La reestructuración se enmarca dentro del objetivo más amplio de "garantizar la seguridad de los ciudadanos" a través de una administración técnica más eficaz por parte del Estado Nacional.