El Gobierno avanza con la privatización total de Intercargo
Mediante un decreto oficial, el Ejecutivo autorizó la venta del 100% de las acciones de Intercargo a través de una licitación pública, mientras se rescinde el contrato de concesión exclusivo para los servicios de rampas en los aeropuertos del país.
El Gobierno nacional ha decidido avanzar con la privatización total de Intercargo S.A.U., una empresa que hasta ahora operaba bajo un régimen de concesión exclusivo para la prestación de servicios de rampas en los aeropuertos del país.
Lo hizo a través del Decreto 198/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. Así quedó formalizada la autorización para llevar a cabo la licitación pública tanto nacional como internacional, mediante la cual se venderá el 100% de las acciones de la compañía.
El Ministerio de Economía será el encargado de gestionar el proceso de privatización, en colaboración con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Agencia de Transformación de Empresas Públicas". Se prevé que, durante todo el procedimiento, se adopten las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios aeroportuarios y de rampa, asegurando que no se vean afectadas las conexiones tanto nacionales como internacionales. La venta de acciones se realizará bajo los términos de la Ley N° 23.696 y sus modificaciones.
El proceso de privatización se complementa con la rescisión del contrato de concesión exclusivo que Intercargo mantenía con el Estado Nacional para operar el Servicio Único de Atención en Tierra a Aeronaves (RAMPA). Aunque la exclusividad ya había sido levantada en la práctica, debido a la desregulación del sector aéreo impulsada por el Gobierno, la medida formaliza este cambio. Desde el año pasado, empresas como Air Class Cargo y Fly Seg han podido ofrecer los mismos servicios que antes solo prestaba Intercargo.
El Gobierno fundamenta esta decisión en la necesidad de reducir el sobredimensionamiento estatal y el déficit fiscal. En los últimos años, Intercargo requirió asistencia financiera del Estado por aproximadamente $ 6.700 millones para cumplir con los estándares de calidad y seguridad. Sin embargo, desde 2024, el Estado ha dejado de brindar este apoyo económico.
Además, el Ejecutivo señala que, en el contexto de desregulación y modernización del sector aéreo, es crucial que los operadores privados asuman las inversiones necesarias para mejorar los servicios, lo que resulta inviable sin la participación del sector privado y sin el aporte de fondos públicos del Estado Nacional.