El Gobierno avanza en la privatización de una empresa minera de Santa Cruz
Tras la transformación del Banco Nación, el Ejecutivo aplicó la misma estrategia con la empresa minera de Río Turbio. Se abre el camino para una eventual venta o cesión parcial a la provincia de Santa Cruz.

El Gobierno nacional dio un paso clave en la reestructuración de empresas estatales al convertir en Sociedad Anónima a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la compañía encargada de explotar la mina de carbón en Santa Cruz. La medida, adoptada mediante decreto, se enmarca dentro de la estrategia oficial de reducción del déficit fiscal y avance en la privatización de empresas públicas.
YCRT es una de las 14 empresas estatales incluidas en la Ley Bases como sujeto de privatización. Sin embargo, la normativa establece que el Estado debe conservar una participación mayoritaria, impidiendo una venta total. A pesar de ello, el Ejecutivo considera que su transformación en S.A. facilita el ingreso de capital privado y allana el camino para una eventual transferencia de acciones.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, ya había manifestado su preocupación por el destino de la empresa y había solicitado una auditoría antes de cualquier decisión. En el Ejecutivo no descartan la posibilidad de ceder parte de la compañía a la provincia, como parte de un esquema de compensación de deudas interjurisdiccionales.
En 2023, YCRT demandó más de 20.000 millones de pesos en fondos del Tesoro Nacional, de los cuales 18.000 millones fueron destinados a salarios. A pesar de esto, su producción estuvo lejos de la capacidad requerida para abastecer la usina térmica de la zona, un proyecto que aún sigue inconcluso tras más de 16 años.
Bajo la intervención de Pablo Arriagada, la empresa sufrió recortes de personal, con unos 500 despidos desde inicios de 2024. Su antecesor, Thierry Decoud, fue desplazado tras denuncias de corrupción, en un contexto donde la firma ha estado históricamente envuelta en escándalos de gestión.
El Gobierno también avanza en la reestructuración de otras empresas estatales, como la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), con posibles cesiones al gobierno de Córdoba. Mientras tanto, el nuevo régimen de YCRT la obliga a presentar balances y someterse a la Ley de Concursos y Quiebras, en un proceso que podría definir su destino en los próximos meses.