Acusan a Gildo Insfrán de comprarse una camioneta con fondos públicos
Según la denuncia realizada por una diputada opositora, el vehículo se compró con recursos provenientes de un fondo fiduciario para la salud.
La diputada provincial Gabriela Neme denunció al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por supuestamente haber utilizado recursos estatales para adquirir un vehículo de alta gama. La legisladora hizo la exposición a través de sus redes sociales, donde compartió documentos que respaldarían su acusación.
Según Neme, la compra se realizó con dinero proveniente del fondo fiduciario destinado a salud, seguridad y tecnología en la provincia. El vehículo en cuestión es una Toyota Land Cruiser 300 modelo 2022, que habría sido adquirida con fondos públicos, pero estaría en uso personal del mandatario formoseño.
La diputada también señaló que esta no sería la primera compra de este tipo, ya que en 2023 Insfrán habría adquirido otra camioneta similar mediante un procedimiento similar. En su denuncia, indicó que la adquisición habría costado aproximadamente 300 millones de pesos, mientras que el fondo fiduciario provincial cuenta con un total de 3.800 millones. "¿Dónde está el resto de ese dinero?", cuestionó en su video.
En su publicación, Neme agradeció a los ciudadanos formoseños que le hicieron llegar la información y afirmó que su lucha busca frenar la corrupción en la provincia. "Cada vez son más ricos, mientras el pueblo se empobrece", expresó.
La denuncia de Neme se suma a otras acusaciones previas contra la administración de Insfrán. Recientemente, la legisladora denunció la existencia de presuntas "empresas fantasma" utilizadas para desviar fondos de obras públicas, así como pagos irregulares al Partido Justicialista por más de 1.660 millones de pesos.
El gobernador Insfrán, quien gobierna Formosa desde 1995 y fue vicegobernador entre 1987 y 1995, enfrenta un escenario político complicado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que limitó la reelección indefinida en la provincia. En respuesta, la Legislatura local aprobó una reforma constitucional que podría permitirle presentarse nuevamente en 2027 y 2031, lo que generó críticas y pedidos de intervención federal.