Donald Trump da marcha atrás al congelamiento de las ayudas estatales
La población y funcionarios intermedios plantearon su incertidumbre y tanto alboroto hizo que el presidente replanteara su decisión tomada pocas horas antes.
Este miércoles Donald Trump dio marcha atrás con respecto a su decisión de congelamiento de las ayudas estatales, siendo esta una medida que afectaba a miles de estadounidenses dependientes de los programas sociales.
En un memorándum distribuido a las agencias federales, Matthew J. Vaeth, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, afirma que el memorándum M-25-13 de la OMB "queda rescindido".
La orden de frenar el desembolso de asistencia financiera federal trajo caos e incertidumbre en todo Washington, ya que ponía en peligro los programas gubernamentales que financian escuelas, proporcionan vivienda y garantizan que los estadounidenses de bajos ingresos tengan acceso a la atención médica.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, salió a aclarar que la asistencia para las personas no se vería afectada. Esta decisión de rescindir sobre lo que había ordenado, se produjo por las presiones por parte de los legisladores republicanos, quienes "habían sido inundado de llamadas por líderes comunitarios que expresaron confusión y preocupación por la pérdida de subvenciones federales".
Un juez federal de Washington D.C. detuvo temporalmente su implementación hasta el 3 de febrero, lo que permitió a los defensores de la salud pública, organizaciones sin fines de lucro y empresas, representados por el grupo de izquierda Democracy Forward, más tiempo para impugnar la legalidad de la directiva. Por su parte, dos docenas de fiscales generales estatales también presentaron quejas contra lo estipulado por el gobierno.
En este contexto, el actual gobierno republicano ofreció "retiros voluntarios" a casi todos los empleados federales, con el fin de reducir el gasto. Esto se llevó a cabo por medio de un correo electrónico enviado el martes, donde decía a los trabajadores que tenían que decidir antes del 6 de febrero si querían ser parte de un programa de "dimisión diferida".