Rechazo de distintos bloques al proyecto "Igualdad ante la ley" del Gobierno
El Gobierno busca avanzar con una reforma polémica que incluye la eliminación del femicidio y la Ley Micaela, pero encuentra resistencia en distintos bloques.
El Ejecutivo nacional confirmó su intención de presentar el proyecto de ley "Igualdad ante la ley" en el Congreso después de la apertura de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo. La iniciativa propone derogar normativas como la figura del femicidio, la Ley Micaela, el DNI no binario y los cupos laborales para personas trans y con discapacidad. Según el Gobierno, estas medidas buscan eliminar lo que consideran "discriminación positiva", en línea con los principios libertarios del oficialismo.
Desde sectores opositores, el proyecto fue recibido con fuertes críticas. Legisladores de distintos bloques calificaron la propuesta como un retroceso en materia de derechos adquiridos. "Es inadmisible que quieran borrar años de lucha por la igualdad de género y la diversidad", expresó la diputada Paula Penacca (UxP), quien además anunció que presentará una denuncia penal contra el presidente por declaraciones que, según ella, "incitan a la violencia".
En el radicalismo, referentes como Martín Lousteau señalaron la gravedad de eliminar la figura del femicidio. "Este delito refleja una realidad que no podemos ignorar. En 2024, hubo 267 femicidios en el país. Sacar este reconocimiento legal es invisibilizar la violencia de género que sufren las mujeres", afirmó el senador en sus redes sociales. Asimismo, advirtió que esta medida podría desmantelar políticas de prevención y sanción de la violencia machista.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió el proyecto al afirmar que "todas las vidas valen por igual" y que estas reformas son necesarias para garantizar la igualdad ante la ley. Sin embargo, analistas políticos y legisladores sospechan que el verdadero objetivo del oficialismo es medir lealtades dentro del Congreso y consolidar apoyos de cara a futuras elecciones.
A pesar del rechazo generalizado, el proyecto ya generó una intensa polémica y promete marcar uno de los debates legislativos más tensos del año. Mientras tanto, organizaciones sociales y de derechos humanos preparan movilizaciones para manifestar su oposición a lo que consideran un ataque directo a las conquistas.