Funcionarios de Capitanich salpicados por presunta corrupción en el escandaloso IAFEP
El cambio de gestión provincial en el Chaco destapó un escándalo de corrupción que involucra a funcionarios del exgobernador Jorge Capitanich. El Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), disuelto por ley este año, se encuentra en el centro de la tormenta, con cerca de 400 denuncias presentadas contra sus exdirigentes.
La intervención de Clelia Ávila, quien asumió el cargo con el objetivo de desmantelar los organismos sospechosos de corrupción, pemitió sacar a la luz una serie de denuncias sobre presuntos desfalcos y maniobras fraudulentas que habrían beneficiado a un reducido grupo de actores en detrimento del Estado provincial.
De acuerdo a Ávila, el IAFEP se convirtió en lo que se ha denominado una "usina de corrupción", donde varios beneficiarios denunciaron haber sido extorsionados por la gestión de Mauro Andión, el exdirector del organismo, y su colaboradora, María Laura Moreno. Ambos son actualmente procesados y detenidos por presuntos hechos de malversación de fondos y fraude a la administración pública.
La gravedad del caso se ve reflejada en los montos irregulares que fueron manejados por el IAFEP, uno de los organismos más financiados por la administración de Capitanich. En 2023, se destinaron 16.500 millones de pesos a consorcios rurales y ladrilleros, de los cuales, según la denuncia, solo un ínfimo porcentaje, cerca del 2%, llegó efectivamente a los destinatarios previstos. Livio Gutiérrez, Secretario Coordinador de Gabinete, destacó que solo un 1% de esos fondos fue destinado a pequeños productores y ladrilleros, mientras que el 98% restante se desvió a organizaciones sociales, la mayoría de ellas creadas con fines irregulares.
La situación obligó al actual gobierno, encabezado por el gobernador Leandro Zdero, a presentar un proyecto de ley para la disolución del IAFEP. La votación, que contó con el apoyo tanto del oficialismo como de la oposición, aprobó la medida en una sesión exprés, buscando poner fin a lo que se considera un organismo infiltrado por la corrupción.
En paralelo a las medidas legislativas, la Justicia provincial comenzó a investigar a fondo los hechos denunciados. El exdirector del IAFEP, Mauro Andión, fue detenido tras la acusación de malversación de fondos. Andión, oriundo de Pampa del Infierno y con una larga trayectoria política en la provincia, se enfrenta a graves cargos por su rol en la manipulación de recursos públicos destinados a obras que nunca se ejecutaron o fueron mínimamente ejecutadas. María Laura Moreno, excoordinadora del área de soluciones habitacionales, también fue detenida bajo las mismas acusaciones de fraude y violación de los deberes de funcionarios públicos.
El Equipo Fiscal Especial, integrado por Graciela Griffith Barreto, Francisco Asís De Obaldía Eyseric y Víctor Recio, ha dictado prisión preventiva para ambos exfuncionarios. La investigación está en sus primeros pasos, pero las pruebas colectadas hasta el momento apuntan a una estructura bien organizada de fraude y desvío de recursos públicos.
La causa no solo involucra a Andión y Moreno. También se mencionan a figuras de alto rango de la administración de Capitanich, como la exministra de Ambiente, Marta Soneira, y el exinspector general de Personas Jurídicas, quienes podrían estar vinculados a estas maniobras corruptas.
En este escenario, la disolución del IAFEP representa una medida simbólica y práctica del nuevo gobierno para limpiar las estructuras estatales y garantizar que los fondos públicos se destinen a quienes realmente los necesitan. La corrupción que salpica a los funcionarios de Capitanich pone en evidencia un entramado que podría extenderse más allá de lo que se reveló hasta ahora.