Tito López, el piquetero que creó un imperio familiar con tierras del Estado
La detención del piquetero Ramón "Tito" López destapó irregularidades que involucran no solo a su familia, sino a ex funcionarios del gobierno provincial, que facilitaron la apropiación ilegal de miles de hectáreas de tierras fiscales.
Esta causa, liderada por la fiscalía federal de Patricio Sabadini, puso en evidencia una serie de maniobras de fraude a la administración pública que, de acuerdo con el expediente judicial, habrían sido orquestadas para beneficiar económicamente al grupo familiar encabezado por Tito López y su círculo más cercano, incluido su esposa, hijos y nuera.
Conforme surgen de las pruebas recolectadas durante la investigación, Tito López, junto con su esposa Librada Beatriz Romero, y sus hijos David Alberto, Walter Ramón, y Daniel Orlando López, constituyeron una asociación ilícita con el propósito de apoderarse de tierras que pertenecían al Estado provincial.
El plan de este grupo familiar fue mucho más allá de la simple ocupación ilegal de terrenos; se trataba de un esquema de fraude que permitió la venta de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado, a través de escrituras irregulares y contratos de leasing inmobiliarios fraudulentos. Este robo a las arcas del Estado se perpetuó por años, en una suerte de complicidad con funcionarios públicos de alto rango, entre ellos, responsables del Instituto de Colonización de la Provincia del Chaco.
El escándalo cobra una magnitud aún mayor si se tiene en cuenta que las tierras en cuestión se adjudicaron con la finalidad de promover la producción y el desarrollo social en la provincia. Sin embargo, los informes de la presidenta del Instituto de Tierras Fiscales, Ana María Canata, revelan que en lugar de llevar a cabo actividades productivas, las tierras estuvieron en estado de abandono y sin generar empleo registrado, contraviniendo la normativa provincial. Por si fuera poco, el grupo López procedió a venderlas a terceros, entre ellos, los hermanos Walter Emanuel y Diego Hernán Brua, quienes adquirieron las tierras a precios irregulares, todo ello con el sello de la Escribana María Luisa Artieda, quien formalizó las operaciones fraudulentas.
Las irregularidades en los trámites administrativos son evidentes. Según el análisis de los expedientes, desde 2011 hasta la fecha, la familia López recibió aproximadamente tres mil hectáreas de tierras fiscales, tramitadas a través del Instituto de Colonización de manera irregular y en tiempos récord. A pesar de la prohibición de venta por diez años impuesta sobre las tierras, los miembros del grupo López procedieron a transferirlas a través de un fideicomiso, utilizando la firma de Smart Capital S.A., sin que se cumpliera con los fines productivos establecidos por la ley.
La situación se agrava aún más al considerar la participación activa de altos funcionarios del Estado provincial, quienes facilitaron la adjudicación de estas tierras en violación a las leyes provinciales, que estipulan que las tierras fiscales deben ser distribuidas con el fin de promover el desarrollo y la producción. La Ley Provincial N° 471-P establece que la venta de tierras fiscales debe estar acompañada de una serie de requisitos, entre ellos, la prohibición de venta durante los primeros diez años. Sin embargo, la familia López logró burlar estas restricciones con la connivencia de funcionarios corruptos.
Este caso puso en evidencia las serias falencias en el control de la administración pública, y refleja cómo las redes de corrupción se extienden hasta los más altos niveles del poder político y económico. A medida que avanza la investigación, se profundiza el análisis de los documentos administrativos y se confirma la ilegalidad de las adjudicaciones y las transferencias de tierras, lo que podría llevar a la caída de más funcionarios públicos implicados en este escandaloso fraude.
El futuro de Tito López y su familia, acusados de delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos, está en manos de la justicia que, cómo última decisión, decidió ratificar la causa en su contra tras una insólita estrategia del piquetero.
El juez federal Ricardo Mianovich rechazó la solicitud de suspensión de la acción penal presentada por la defensa de Ramón "Tito" López y su familia, quienes están imputados en una causa por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación contra la administración pública. La defensa argumentaba que la Ley de Blanqueo (Ley 27.743) debía aplicarse en este caso, pero el fiscal Patricio Sabadini y el juez Mianovich coincidieron en que dicha ley no es aplicable a delitos como el lavado de activos, ya que esta solo cubre delitos tributarios, aduaneros y de seguridad social, no delitos contra el orden económico y financiero.
El juez Mianovich destacó que los delitos de lavado de activos tienen autonomía frente a los tipificados en el Régimen Penal Tributario, lo que refuerza la inaplicabilidad de la ley de blanqueo. Además, sostuvo que, conforme al Código Procesal Penal, la acción penal pública no puede suspenderse, a excepción de los casos expresamente previstos por la ley. Con este rechazo, la causa sigue su curso, y los imputados deberán enfrentar los cargos en su contra.