Dictaminaron que la reelección indefinida de Insfrán en Formosa es inconstitucional
Así lo pronunció el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Ahora, deberá definir la Corte Suprema.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, se pronunció en contra del artículo 132 de la Constitución de Formosa que habilitó la reelección indefinida de Gildo Insfrán como gobernador. Insfrán lleva ocho mandatos frente a la provincia norteña, desde 1995.
Fue mediante un dictamen de 32 páginas en el que dijo que las provincias deben respetar "la limitación del poder" y que las "múltiples reelecciones sucesivas ─potencialmente indefinidas─ conspiran contra la finalidad propia del Estado de Derecho", ya que "la perpetuación en el poder erosiona el principio de separación de poderes".
Casal hizo lugar al amparo presentado el año pasado por Agostina Villaggi y Rodolfo Basques con el patrocinio legal de Juan Sebastián Montoya. En el mismo, el argumento que sostienen que el artículo 123 "violenta" el artículo 5 de la Constitución Nacional y el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El controvertido artículo de la Constitución formoseña establece que "el Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos", consagrando así, sin más, la posibilidad de su reelección indefinida.
"Esta interpretación, vale destacar, no ha sido controvertida en la causa y es, precisamente, a partir de ella que se ha cuestionado la constitucionalidad de la norma", explicó Eduardo Casal.
Al analizar el amparo presentado por la Confederación, el jefe de todos los fiscales entendió que el artículo 132 de la constitución provincial de Formosa "en tanto admite la reelección indefinida se aparta de la necesaria periodicidad y renovación del mandato de las autoridades allí previstas, lo que resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Constitución Nacional, en función de lo establecido por los artículos 1° de la Ley Fundamental y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Ahora debe definir la Corte Suprema, que quedó en condiciones de resolver al respecto tras concretarse los pasos previos a que el máximo tribunal determine su pronunciamiento.