Sigue el "escándalo Kueider": el kirchnerismo busca echarlo del Senado
Entre los fundamentos, plantearon inhabilidad moral, pero se supo que, de ser expulsado, la banca será tomada por una camporista. Además, diputados peronistas quieren investigar si se compraron votos para la Ley Bases.
El bloque de Unión por la Patria realizó un pedido formal mediante una nota a la vicepresidente Victoria Villarruel, en el que solicitaron una sesión especial para el jueves 12 para expulsar por inhabilidad moral al senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay tras intentar pasado 200 mil dólares sin declarar.
La nota, que lleva las firmas de José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, es un movimiento del kirchnerismo que está decidido a recuperar la banca pérdida en el Senado por la provincia de Entre Ríos. Cabe destacar que, en 2022, el bloque K perdió a partir de la fractura que generó Kueider, junto con el correntino Carlos "Camau" Espínola.
Si el kirchnerismo logra la remoción del senador detenido en Paraguay cuando intentaba ingresar junto a su secretaria Iara Guinsel Costa, esa banca será ocupada por la camporista Stefanía Cora, quien arrancó su carrera política en 2015 como concejal de Paraná y en 2019 fue electa diputada provincial, renovando su mandato en 2023. En 2019 acompañó a Kueider en la nómina de senadores nacionales.
Sin embargo, a esta acción también se suma un proyecto de resolución presentado por el diputado Santiago Cafiero junto a otros legisladores peronistas que apunta a crear una comisión investigadora a fin de esclarecer si el proceso de aprobación de la Ley Bases fue limpio o irregular. La iniciativa también tiene como base la reciente detención de Kueider.
La "Comisión Especial de Investigadora de las Condiciones y Circunstancias relativas al tratamiento y aprobación de la Ley 27.742" de Bases y Puntos de Partida busca indagar en la posible compra de votos por parte del Gobierno de diputados y senadores aliados.
El texto del proyecto prevé "investigar la posible existencia de coimas, sobornos, cualquier otro tipo de pago o promesa de beneficios irregulares vinculados con la votación de Ley Bases".
También estipula "evaluar los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y otras transacciones de Estado para identificar prácticas irregulares que comprometan la integridad de las instituciones".