Cristina Kirchner y la avalancha del todo vuelve

El miércoles último, en una entrevista para el podcast Generación ’94, Cristina Fernández de Kirchner había embestido nuevamente sobre la justicia y lo hizo con dureza. Pidió una reforma constitucional para modificar situaciones que la disgustan. Rechazó que los jueces tengan cargo a perpetuidad y que una vez que son nombrados decidan sobre la vida, la libertad y el patrimonio de las personas.

Remarcó que las fuerzas armadas se juzgaban a sí mismas y que en la actualidad ello ya no pasa, pero sí ocurre en el poder judicial que los jueces se juzgan a sí mismos, lo que en su opinión constituye "algo muy corporativo". Fue tajante en su definición sobre uno de los poderes de la república: dijo que son una rémora monárquica.

Aunque la exPresidente se haya quedado con la titularidad del partido Justicialista, los hechos políticos evidencian que su poder se ha reducido notoriamente y buena parte de la sociedad mira atenta mientras degusta pochoclos, como si se tratase de una película de suspenso que va develando su trama poco a poco. Esto también se siente en los movimientos en la justicia. Por eso esa nueva embestida de CFK contra el poder causó sorpresa ya que lo hizo aún con condena ratificada en segunda instancia. Obviamente no fue con la intención de desquite por lo ya acontencido, sino a sabiendas de que estaba a punto de surgir un pronunciamiento clave vinculado a su responsabilidad en la firma del Pacto con Irán. El mismo que había investigado el fiscal Alberto Nisman y que le costara la vida.

A 24 horas de su embestida contra la justicia, la Corte Suprema hizo público su fallo ordenando la realización de un juicio oral y público no sólo a Cristina Fernández de Kirchner, sino también a Roberto Mena, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Jorge Khalil, Luis D’elía, Fernando Esteche y Angelina Abbona. Todos ellos serán juzgados por encubrimiento agravado del atentado a la AMIA el 18 de Julio de 1994 que se cobró 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. La decisión de la Corte fue unánime, como para que no quede duda alguna.

La causa tuvo muchos idas y vueltas, dimes y diretes. La culpabilidad se determinará recién cuando se expidan los jueces del Tribunal oral. Pero en estas líneas bien vale ponderar que fue gracias al periodismo que el pacto con una nación mundialmente reconocida como sostenedora del terrorismo haya sido develado. El inolvidable José Pepe Eliaschev, -quien fuera padrino de nacimiento de Diario Chaco y suscriptor de la columna de Tapa de la primer edición de éste medio-, expuso públicamente el 26 de Marzo de 2011 que el gobierno argentino había negociado un pacto secreto con Irán para enterrar en el olvido los atentados a la Amia y el de dos años antes a la embajada de Israel en nuestro país. ¿A cambio de qué? Intercambio comercial por varios millones de dólares.

 

"Fue el periodismo, vía José Pepe Eliaschev, quien expuso públicamente que el gobierno argentino había negociado un pacto secreto con Irán para enterrar en el olvido los atentados a la Amia y el de dos años antes a la embajada de Israel en nuestro país. ¿A cambio de qué? Intercambio comercial por varios millones de dólares".

 

Pero esta decisión de la justicia no fue la única voz que recogió la exvicepresidente de Alberto Fernández. Ella había zafado de tres denuncias por enriquecimiento ilícito en distintas etapas de gobierno K. La primera de ellas fue investigada por el juez Julián Ercolini, quien en 2004 la sobreseyó. El fallo no fue apelado. La segunda denuncia fue planteada por el fiscal de Investigaciones administrativas Manuel Garrido. El juez Rodolfo Canicoba Corral investigó el período 2005-2007 y tampoco encontró inconsistencias que configuraran delito. La número tres, que exponía el crecimiento patrimonial en 2008, tuvo como juez al inefable Norberto Oyarbide, quien sin ordenar siquiera peritaje alguno la mandó al archivo. Pero al declarar en la causa Cuadernos, Oyarbide, quien ya no era magistrado, dijo que "los Kirchner" lo habían "apretado" para que cierre esa denuncia en sus manos. Ese fue el argumento base de la Unidad

Financiera, en pleno gobierno de Mauricio Macri, para requerir la reapertura de la causa, pero la jueza María Eugenia Capuchetti no avaló el planteo.

Pero una causa que simplemente se había abierto en 2016, como desprendimiento de la Causa Hotesur, llevada por el primer juez archivador en favor de CFK, Julian Ercolini, porque no cuadraban las declaraciones juradas de la señora de Kirchner entre 2010 y 2014, fue otra vez archivada por el mismo Ercolini el 5 de Junio del corriente año. Y esa es la causa que la Cámara Federal rechaza el cierre y ordena avanzar con la investigación.

Uno de los jueces de ese tribunal, Mariano Llorenz, votó incluso requiriendo directamente la indagatoria de la exPresidente por enriquecimiento ilícito.

Este cuadro judicial adverso para Cristina Fernández se completa con la decisión de semanas atrás de la Cámara de Casación que rechazó los recursos de las defensas de los acusados, encabezados por CFK, en la causa Cuadernos, y que serán enjuiciados por el Tribunal Oral 7 el próximo año.

Nuevos tiempos, nuevos aires. La pérdida de poder es equitativamente proporcional al avance de los requerimientos judiciales. Se sabe.

 

"Nuevos tiempos, nuevos aires. La pérdida de poder es equitativamente proporcional al avance de los requerimientos judiciales. Se sabe".

 

SEÑALES DE UN CIERRE EN PAZ

Mientras a nivel nacional la justicia jaquea a la presidente del Justicialismo en ésta provincia se encara la parte final de 2024 con un clima desacostumbradamente tranquilo respecto a años anteriores. No parece que haya posibilidades de marchas de apriete en sectores gubernamentales por parte de organizaciones sociales especializadas en piquetes y cortes de calle. De hecho la Policía del Chaco acaba de festejar el cumplimiento de un año completo de labor sin cortes de la vía pública, un compromiso gubernamental que se ha cumplido a rajatabla aún ante el malestar y berrinches de políticos opositores y militantes populares otrora importantes por el manejo de caja que se les otorgaba, pero con manos vacías es casi imposible juntar voluntades para exhibir poder movilizador.

El Gobernador, Leandro Zdero, llega al fin de año con cierto oxígeno de crédito popular, lo que se refleja en el ránking nacional de mandatarios provinciales de CB Consultora de Opinión Pública, donde sigue posicionado entre el ránking de los cinco mejores. Ocupa el cuarto lugar (con 59,5% de imagen favorable), detrás del podio conformado por Maximiliano Pullaro (Santa Fé, 62,4%), Osvaldo Jaldo (Tucumán, 62,2%), e Ignacio Torres (Chubut, 61,1%).

Aunque los opositores a nivel provincial no estarán de acuerdo con ésta apreciación, resulta indubitable –al decir de Jorge Capitanich-, que se ha garantizado la paz social, la ciudadanía recuperó su derecho constitucional de libre transitabilidad, se avanzó en diversas obras encaradas con recursos propios (la obra pública nacional totalmente paralizada por decisión del Presidente Javier Milei), y el circuito económico provincial fue motorizado en gran parte por el sector público, que destina un altísimo porcentaje de sus ingresos al pago salarial en tiempo y forma. El aguinaldo, volcará al circuito $ 86.000 millones, y días más tarde otros $ 176.000 millones en concepto de sueldos de diciembre 2024. Si bien esas cifras entusiasman no solo a quienes las perciben, sino también al sector privado porque se retroalimenta con los aportes de los trabajadores del sector público, constituye un motivo de preocupación del gobierno el impacto salarial en el presupuesto. Según fuentes del Ejecutivo, un 85% de los ingresos por coparticipación son consumidos por los sueldos del sector público, lo que los mantiene en estado de análisis permanente ante el temor de que cualquier desequilibrio provocado por alguna medida nacional afecte el trazado fino del programa financiero provincial.

 

"El aguinaldo, volcará al circuito $ 86.000 millones, y días más tarde otros $ 176.000 millones en concepto de sueldos de diciembre 2024".

 

La oposición parlamentaria contrasta esos números. Afirma que en Noviembre último la coparticipación alcanzó los $ 190.000 millones, a los que se deberían sumar $ 8.500 millones de Bienes Personales, Monotributo y Consenso Fiscal; mas unos $ 30.000 millones de la recaudación de ATP (Administración Tributaria Provincial), lo que llevaría los ingresos a $ 230.000 millones. Aferrándose a éstos números calculan que la afectación de recursos para salarios debiera oscilar entre el 57% y no más del 65% de los ingresos totales de fondos a Chaco.

Suponiendo que lo que dice la oposición sea cierto, sumando los $ 176.000 millones de salarios de diciembre, más los $ 86.000 millones de aguinaldo, estamos en $ 262.000 millones. Si los ingresos, como dice el PJ, alcanzan los $ 230.000 millones, estaríamos $ 32.000 millones abajo en las cuentas públicas. Salvo que Alejandro Abraam y su equipo hayan hecho números muy finos, incluido un programa de ahorro para contingencias, y se hayan sentado luego sobre la caja. Si así fuese, enhorabuena pues.

En la semana que se inicia, el próximo miércoles se realizará la última sesión ordinaria de este año en la Legislatura, en la que –como se informara en ésta columna una semana atrás-, tanto el oficialismo como la oposición exhiben disposición de tratar el proyecto del Ejecutivo para la toma de un crédito por US$ 145 millones que se destinarán a obras públicas de infraestructura, de los cuales US$ 120 millones quedarán a disposición del Ejecutivo y los otros US$ 25 millones se distribuirán entre los municipios conforme el índice de participación municipal.

Sin embargo, y a pesar de las aparentes coincidencias, que incluyen la aprobación de la Ley de Ludopatía y un par de expropiaciones, todo queda en incógnita debido a dos temas: la designación de los dos titulares e igual número de suplentes que representarán a la Legislatura en el Consejo de la Magistratura, y la aspiración del oficialismo de poner en tratamiento el proyecto de ley de incremento del porcentual de aportes, de trabajadores del sector público y del propio estado provincial, para el sostenimiento del Fondo de Alta Complejidad.

Para el gobierno chaqueño es importante elevarlo y exhibe como fundamento los altos costos médicos que se incrementaron muy por encima de la media para ese nivel de especialización. Suma además la férrea administración de INSSSEP en manos de Irene Dumrauf quien se ha ocupado de cumplir el pedido de Zdero de garantizar la prestación de servicios bloqueando todo gasto infundado y permisividades detectadas y expuestas públicamente.

Pero la oposición insiste que con los fondos con que cuenta el ente son suficientes para garantizar la operatividad por lo que dicen no respaldarán incluir el tema como un punto del Orden del Día. Aquí bien cabe esta pregunta: ¿Si el oficialismo de Juntos por el Cambio ata la aprobación del crédito para obras al FAC, los intendentes se resignarán a perder esos 25 millones de dólares?

Por Juan Pedro Teruel