Periodista
El tenso fin de año
Se acerca peligrosamente el verano y con esa estación el riesgo latente de problemas energéticos. ¿Hay alternativas para custodiar la provisión del servicio, fundamentalmente en localidades claves producto del retiro de generadores por parte de la empresa Aggreko?
El Presupuesto chaqueño se trata esta semana, mientras que a nivel nacional todas las señales apuntan a que el gobierno prefiere quedar liberado de ceñirse a una ley de esas características.
La semana que termina estuvo caracterizada por las denuncias cruzadas entre protagonistas importantes. Incluso en la justicia federal donde un fiscal pidió investigar a un exintendente.
Pasen y vean.
La no aprobación en la Legislatura del crédito de US$ 150 millones que había requerido el oficialismo bajo el argumento de la emergencia energética, obligó al gobierno a una rápida readecuación de planes para afrontar la anunciada posibilidad de colapso que se cierne dramáticamente luego de que a nivel nacional se reconociese que la red nacional no podrá soportar el incremento de consumo ciudadano con más el requerimiento del sector industrial, por lo que ya anunció habrá cortes programados en un intento de mitigar el problema.
Pero a nivel provincial la cuestión parece ser más acuciante aún, luego del retiro por parte de la empresa Aggreko de generadores que en Sáenz Peña, Villa Ángela y Juan José Castelli complementaban el servicio energético. Esa decisión operó en marzo último, sin aviso previo conforme lo denunció oportunamente la empresa provincial Secheep. A lo que se agrega que en diciembre próximo se retiraría también la alimentación que brinda energía a Misión Nueva Pompeya.
El equipo de gobierno chaqueño consiguió cubrir la contingencia, aunque las temperaturas de entonces se correspondían con un otoño, y luego invierno, que no obligaba al consumo peligroso que se acercara al colapso. Pero a medida que se acerca el verano los tiempos aprietan. Y cómo.
Se llamó a licitación para dotar de 55 Megavatios a Sáenz Peña, Villa Ángela y Castelli. Hubo dos empresas oferentes: Secco y HP Energy, quienes cotizaron US$ 18.000 mensuales por cada megavatio (debieran ser 55), el mismo precio que Nación había acordado en el gobierno anterior con Aggreko.
Pero surgió aquí una novedad: Aggreko cedió su contrato a la empresa Miramar, que se comprometió a cubrir con equipos propios los 15 megavatios en Sáenz Peña y garantizó el servicio en Pompeya, pero a un valor sustancialmente menor.
Por estas horas el gobierno chaqueño analiza dar de baja la licitación y busca negociar con las dos empresas que se han presentado a ella, para que brinden el servicio en Villa Ángela y Castelli, aunque con un elemento duro en mano: el precio ofertado por Miramar de 12.000 dólares mensuales por cada megavatio sería el que se paga en otras provincias, como el caso de Santa Fe. Esa negociación debe cerrarse en Buenos Aires, ya que las localidades citadas forman parte de un nodo crítico y Nación debe hacerse cargo de una parte del costo ya que esto forma parte del sistema interconectado nacional.
"Aggreko cedió su contrato a la empresa Miramar, que se comprometió a cubrir con equipos propios los 15 megavatios en Sáenz Peña y garantizó el servicio en Pompeya, pero a un valor sustancialmente menor".
¿AJUSTAR DÓNDE?
Salvo en círculos muy reducidos, vinculados al empresariado y a quienes motorizan la actividad económica principal de la provincia, aún no forma parte del debate general la delicada situación financiera de la provincia que navega en aguas tormentosas tapando agujeros que van asomando conforme se avanza en el tiempo. Es un secreto a voces que cada vez le cuesta más cubrir la necesidad de erogaciones permanentes y por éstos días Leandro Zdero y miembros de su gabinete se abocan al diseño de una ingeniería que permita afrontar el funcionamiento de una provincia que no solamente –como tantas otras-, dejó de acceder a obra pública o a asignaciones especiales, sino que es probable sea el estado provincial argentino que mayor afectación de recursos tiene en materia salarial: se calcula que consume el 85% de dineros públicos.
En charlas privadas, funcionarios provinciales aseguran que la masa salarial chaqueña es de $ 150.000 millones, un monto similar a Santa Fe, provincia que triplica en habitantes a Chaco. Eluden anticipar en qué consiste tal ingeniería financiera, y se quedan callados cuando se les pregunta si habrá ajuste y en qué consistiría.
Este miércoles la Legislatura chaqueña se apresta a tratar la Ley de Presupuesto 2025, que prevé un volumen de $ 3,44 millones y que ya cuenta con despacho favorable de la comisión de Hacienda. Sin embargo, las miradas se orientan hacia Buenos Aires ya que el congreso también debiera tratar el proyecto de ley de presupuesto nacional pero, aunque los gobernadores se mantienen expectantes pues de ello depende la asignación de recursos específicos, no hay señales concretas de que Javier Milei aspire a gobernar el próximo año atado a números fijos. Será año electoral y, aunque sostenga en público que demostrará que se puede lograr equilibrio fiscal, tanto él como sus principales laderos han experimentado en el actual ejercicio las bondades de tener un presupuesto prorrogado y poder manejar discrecionalmente los mayores recursos.
Tal vez para anticipar alguna crítica sobre los gastos, fuentes del oficialismo se encargaron de aclarar que el festival Chaco Vibra, anunciado para este fin de semana en el Parque 2 de Febrero de Resistencia, y del que participan centenares de artistas locales, motorizando movimientos en hotelería y gastronomía, se financia con fondos del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Bien vale apuntar que el evento constituye un importante hito cultural que busca poner en valor a las expresiones chaqueñas, muchas veces ignoradas por privilegiar grandes recitales de costo extraordinario pero cuyo resultante se acaba con el concierto mismo y la posterior desconcentración de asistentes.
"Es probable ( que Chaco) sea el estado provincial argentino que mayor afectación de recursos tiene en materia salarial: se calcula que consume el 85% de dineros públicos".
CRUCE DE DENUNCIAS
La semana política provincial dejó además un cruce de denuncias importantes que ofician de anticipo a lo que seguramente estaremos expuestos los chaqueños con la llegada del año electoral. La presidente del INSSSEP, Irene Dumrauf, denunció penalmente al ex directorio del ente, así como al exministro de Economía, Santiago Perez Pons, por supuestas omisiones en la transferencia de fondos destinados a los seguros de vida de los trabajadores del sector público, y pidió que se investigue la posible comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública.
El exfuncionario de la gestión de Jorge Capitanich en el Ejecutivo y actual legislador provincial refutó aquellas imputaciones sosteniendo que Dumrauf "no pudo precisar exactamente cómo" se había incurrido en los delitos argumentados "ni tampoco presentar las pruebas correspondientes". Aseguró que durante su desempeño como ministro se cancelaron deudas de INSSSEP con origen de varios años atrás y evaluó que la cuestión se trata de "una cuestión mediática". Será el tiempo y el ámbito judicial quien determine quién tiene razón.
El contraataque opositor sobrevino enseguida: diputados del Frente Chaqueño fueron ante la justicia federal a denunciar al expresidente de Ecom, Luis Verga, así como a otros funcionarios que lo secundaban, por presunto desvío de fondos públicos por un valor realmente importante en dólares, cercano a los US$ 400.000.
En el oficialismo, se limitaron a apuntar que fue el propio gobernador, Leandro Zdero, quien al descubrir maniobras "que no estaban bien" expuso la situación y le pidió la renuncia al titular de ECOM, por lo que ahora ofrece la disposición plena del gobierno para asistir a la justicia en lo que pudiese necesitar para que se esclarezca "y que los responsables paguen lo que tengan que pagar". No parece tan sencillo, y lo que sobrevenga seguramente estará atizado como el fuego para que no se apague la llama escandalosa. Al fin y al cabo, como ya se ha planteado aquí, está próximo el año electoral y es imposible atravesar una campaña política sin choques de este tipo.
"(Zdero) le pidió la renuncia al titular de ECOM, por lo que ahora ofrece la disposición plena del gobierno para asistir a la justicia en lo que pudiese necesitar para que se esclarezca "y que los responsables paguen lo que tengan que pagar".
Para cerrar esta semana, este viernes el fiscal federal Patricio Sabadini pidió imputar al exintendente capitalino Gustavo Martínez y a cuatro de sus excolaboradores, Francisco Vescera, Gastón Guerra, Guillermo Monzón y Mónica Bordón, dando entidad a la denuncia del actual jefe del ejecutivo municipal, Roy Nikisch presentada apenas dos días antes, en la que endilgaba malversación de fondos y fraude a la administración pública. El eje: un supuesto desvío de fondos de $ 634.000.000.
