Echaron de la Policía a tres oficiales que colaboraban con narcos de Resistencia
Utilizaban su posición para proteger a narcotraficantes de la Justicia, tenían droga en sus casas, fueron descubiertos, condenados y ahora echados de la Policía del Chaco.
A pocas semanas de que el Tribunal Oral Federal diera a conocer los fundamentos de su condena contra los narco policías de la Comisaría Duodécima, el Ejecutivo provincial resolvió expulsar de la Policía del Chaco a los ahora ex policías Rubén Alberto Molina, Matías Josué Frete y Leandro Gabriel Cocco.
Cabe recordar que tanto Molina como Frete reconocieron sus delitos y acordaron un juicio abreviado, que derivó en una condena a 4 años y 2 años de prisión en suspenso, respectivamente. Sin embargo, Cocco optó por la continuidad del juicio y terminó condenado a 3 años y 6 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo, abuso de autoridad, encubrimiento agravado y asociación ilícita, además de una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, sentencia por la que decidió recurrir a Casación.
Por esto, la Jefatura de Policía de la Provincia del Chaco solicitó la destitución por cesantía de tres agentes policiales por transgredir las normas disciplinarias y su implicación en una serie de delitos graves, entre los cuales se incluyen cohecho, abuso de autoridad y narcotráfico.
Las faltas graves imputadas incluyen "faltas a la ética profesional", "desobediencia a órdenes superiores" y "negligencia en el cumplimiento del servicio".
LA CAUSA
Según las investigaciones y la posterior sentencia, los agentes involucrados formarían parte de una red de corrupción que facilitaba la venta de estupefacientes al menudeo, utilizando su posición para proteger a los traficantes y realizar procedimientos ilegales. El Sargento Molina, conocido como "El Chino", tendría vínculos directos con distribuidores de drogas en la zona del barrio Santa Catalina, mientras que los oficiales Cocco y Frete habrían participado en el encubrimiento de estos delitos.
En cuanto a la causa administrativa, se les imputaron diversas faltas, entre ellas la violación del honor policial y la desobediencia a órdenes superiores. El supervisor de la Zona IV° Metropolitana presentó un informe detallado sobre los hechos, y se concluyó que los involucrados habrían actuado de manera coordinada para llevar a cabo actividades ilícitas dentro de la Comisaría Duodécima, situación que generó un grave daño a la confianza pública en la institución policial.
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA FISCALÍA
La investigación comenzó a tomar forma en 2021, cuando se detectó la existencia de una red de narcotráfico que operaba con la protección de algunos miembros de la fuerza policial. La principal acusada, Esther de la Cruz Pereña, conocida como "Icha", desempeñaba el rol de proveedora de drogas a los oficiales implicados. A cambio de esta colaboración, Molina, Cocco y Frete omitían denunciar la actividad ilícita, participaban en el encubrimiento de otros crímenes y utilizaban su posición para proteger a narcotraficantes de la justicia.
El fiscal a cargo de la investigación, Federico Carniel, detalló en su requerimiento que los tres agentes de policía, quienes operaban bajo las jerarquías de Sargento y Oficial Auxiliar, usaban su estatus para manipular situaciones legales y beneficiar a quienes estaban involucrados en actividades delictivas. En su accionar, no solo protegían a los traficantes de estupefacientes, sino que también alertaban a los delincuentes sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad, ayudaban a organizar robos y ofrecían favores a quienes tenían problemas administrativos con la ley.
Un episodio clave en la investigación ocurrió el 12 de enero de 2022, cuando el personal de la Gendarmería Nacional de Resistencia, que llevaba a cabo tareas preventivas en el Barrio Santa Catalina, detectó que un vehículo perteneciente a Molina los estaba siguiendo de cerca. El Sargento Molina, quien se encontraba fuera de servicio y sin identificarse correctamente, abordó a los oficiales de Gendarmería de manera agresiva y prepotente. Este incidente fue solo el inicio de una serie de acciones en las que los imputados intentaron obstaculizar las investigaciones de las fuerzas federales.
En paralelo, un funcionario de la Gendarmería, Miguel Hugo Paniagua, brindó información confidencial a Molina sobre los movimientos y la estructura de la Unidad de Reunión de Información (URI) de la Gendarmería, lo que permitió a los acusados presentarse en la sede de la URI vestidos de civil para intentar frenar las investigaciones en su contra.