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Gobierno intimó a 10 mil empleados públicos con edad cumplida para que se jubilen

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado fijó un plazo de 30 días hábiles para que los organismos públicos inicien el trámite.

Con el objetivo de optimizar la administración de recursos humanos, el Gobierno intimó a los empleados públicos que reúnan las condiciones para jubilarse a dar inicio a los trámites correspondientes, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, según lo establece la Resolución 3/2024.

El Gobierno nacional comunicó a través de esta normativa publicada en el Boletín Oficial la necesidad de que el personal que cumpla los requisitos legales para jubilarse inicie los trámites administrativos necesarios. Esta medida busca "asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos" en el sector público, y se estima que unas 10.000 personas estarían en condiciones de dar este paso.

La disposición instruye a los titulares de los organismos comprendidos por la Ley 24.156 a gestionar estas jubilaciones dentro de los próximos 30 días hábiles, en particular a los empleados de la Administración Nacional, que incluye a la Administración Central y los Organismos Descentralizados, así como a quienes trabajan en entidades estatales no empresariales. También alcanza a aquellos organismos donde el Estado tenga control mayoritario, tanto patrimonial como en la toma de decisiones.

Con el fin de concretar la medida, el Ministerio de Desregulación firmó un convenio con la ANSES, que será la encargada de identificar a los empleados en condiciones de jubilarse. Se calculó que de los 10.000 empleados alcanzados por esta medida, más de 6.800 pertenecen a planta permanente.

Paralelamente, la resolución "recomienda" que se avance en la misma dirección en empresas del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria. Sin embargo, la normativa excluye a los trabajadores de fondos fiduciarios integrados por bienes y fondos estatales.

El artículo 2 de la resolución contempla algunas excepciones. Los titulares de unidades organizativas bajo el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP podrán quedar exentos si así lo requieren. A su vez, se permite a los funcionarios de rango no inferior a Secretario solicitar prórrogas excepcionales de hasta seis meses para aquellos empleados cuya continuidad sea indispensable por razones estratégicas para el correcto funcionamiento del área.

Esta política se enmarca en el espíritu de la Ley de Bases, que apunta a una reorganización administrativa que permita "una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común", con el fin de reducir el tamaño del Estado y equilibrar las cuentas públicas.

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