Medida cautelar le impide a "Tito" López tomar decisiones sobre las tierras públicas a las que accedió
La Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a una medida cautelar de no innovar tras la acción impulsada por la Fiscalía de Estado por la presunta entrega irregular de tierras al piquetero.
La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a una medida cautelar de no innovar, en el marco de una acción de lesividad (cuestión de fondo) que impulsó la Fiscalía de Estado, por lo que se frenó cualquier posible modificación sobre una serie de tierras fiscales adjudicadas al dirigente piquetero Ramón "Tito" López en el Departamento General Güemes. La decisión se enmarca en la detección de irregularidades en los procedimientos de adjudicación y posterior venta de los inmuebles.
Alejandro Herlein, Fiscal de Estado, solicitó la suspensión de la titularización de tierras en las cuales se identificaron presuntas violaciones a la Ley 471-P y a la Constitución Provincial. Entre los inmuebles cuestionados se encuentran parcelas adjudicadas a "Tito", su hijo Daniel Orlando López y una de sus nueras. Según el planteo, los adjudicatarios habrían incumplido el destino productivo de las tierras, utilizándolas en negocios inmobiliarios mediante contratos de leasing con terceros, lo que infringe la normativa que rige las tierras fiscales.
La demanda principal apunta a que se declare la lesividad de los actos administrativos que autorizaron la adjudicación y venta de estas tierras, las cuales suman aproximadamente 2.667 hectáreas, ya que el uso de los López habría concluido en un perjuicio patrimonial para el Estado Provincial.
El Tribunal, al resolver la admisión de la medida cautelar, consideró que existía "verosimilitud en el derecho invocado", al haberse identificado un aparente desvío en el destino de las tierras públicas. Asimismo, el "peligro en la demora" se justificó en el hecho de que, de no suspenderse las operaciones sobre las tierras, estas podrían pasar definitivamente a manos privadas tras cumplirse los 10 años de prohibición de venta estipulados en la Ley 471-P.
EL CONTRATO DE LEASING, EJE DEL CONFLICTO
Según el Estado, los adjudicatarios habrían cedido las tierras a Walter Emanuel Brúa y Diego Hernán Brúa, mediante contratos de leasing, lo que permitiría la compra de las tierras una vez transcurridos los diez años de prohibición de venta, configurando un negocio inmobiliario encubierto bajo la apariencia de legalidad.
El Tribunal, al admitir la medida cautelar, busca preservar los derechos del Estado en la acción principal, evitando que se consolide la transferencia de dominio de los inmuebles a terceros hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
De esta manera, los López no podrán hacer ningún acto de disposición sobre las hectáreas que el Estado ahora busca recuperar.