El exfuncionario Andión, acusado de malversación de fondos, declaró sobre el funcionamiento del IAFEP
El expresidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) habló sobre generalidades del área a su cargo. Está "dólido" y "afectado", señalan desde su defensa.
A primeras hora de esta mañana, Mauro Andión fue trasladado a la Fiscalía para brindar su primera declaración de imputado desde que está detenido. El ex presidente del disuelto Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), que funcionó durante la gestión de Jorge Capitanich, enfrenta graves acusaciones por su presunta participación en una maniobra de malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Según la investigación encabezada por la fiscal Graciela Griffith Barreto, durante los años 2022 y 2023, Andión habría facilitado el desvío de millones de pesos mediante la autorización de pagos por obras que nunca fueron finalizadas o que solo se realizaron en porcentajes mínimos.
Esta mañana, Andión habló y explicó el funcionamiento genérico del instituto que presidió. No brindó mayores detalles ya que, según la defensa que ejerce Marco Molero, no tiene acceso a la documentación en la que se basa la acusación.
Molero dijo que su defendido está "muy afectado, pero no quebrado" y preparado para el inminente dictado de prisión preventiva. También buscarán objetar puntos "estructurales" de la acusación.
LA ACUSACIÓN
De acuerdo con los documentos presentados, Andión, utilizando su rol como titular del IAFEP, habría autorizado la firma de diversos convenios con cooperativas y fundaciones para la construcción de soluciones habitacionales en diferentes localidades de la provincia. Sin embargo, las auditorías revelaron que, en varios casos, las obras apenas se ejecutaron en porcentajes que oscilaban entre el 7% y el 17%. A pesar de ello, se habrían realizado pagos completos o anticipos millonarios a los representantes de las organizaciones involucradas, en flagrante violación a la Ley Provincial de Administración Financiera y la Ley de Contratos de Obras Públicas.
Entre los convenios mencionados en la acusación, destacan los siguientes:
1. Cooperativa de Trabajo Shire, representada por Jesica Soledad Romero, recibió un adelanto de $ 4.416.457 para la construcción de seis viviendas en La Leonesa. Sin embargo, la obra se completó en solo un 7%.
2. Asociación Civil Unidos por Quitilipi, que firmó un acuerdo por $ 12.200.000 para la construcción de tres viviendas. La investigación descubrió que una de las propiedades estaba en un terreno baldío, mientras que las otras dos apenas mostraban avances del 10%.
3. Fundación Desarrollo y Acción Social, representada por Ruth Abigail López, recibió $ 1.560.000 para la construcción de dos viviendas en terrenos que nunca fueron intervenidos, quedando cubiertos por maleza.
4. Fundación Oportunidad Igualitaria, a cargo de Marisa Maldonado, también fue beneficiada con pagos por anticipos para tres viviendas, aunque las auditorías revelaron que los terrenos se encontraban vacíos.