Poderoso sindicalista cordobés acusado de asociación ilícita, ofrece US$ 750.000 para evitar ser condenado
Mauricio Saillén es el líder del Sindicato de Barrenderos y Recolectores y está acusado de asociación ilícita, defraudación y usura; pidió en la Justicia un acuerdo en concepto de "reparación integral del daño".
Uno de los sindicalistas más poderosos de Córdoba, Mauricio Saillén, líder del Sindicato de Barrenderos y Recolectores (Surrbac), enfrenta graves acusaciones de asociación ilícita, defraudación y usura. En un intento por evitar el juicio, sus defensores ofrecieron a la Justicia una suma de US$ 750.000 en concepto de "reparación integral del daño". Si el Tribunal Federal Oral N°1 de Córdoba acepta la propuesta, tanto Saillén como su mano derecha, Pascual Catrambone, y otros cinco acusados podrían quedar libres de culpa y sin antecedentes penales. Sin embargo, el fiscal federal Maximiliano Hairabedián se opone a la propuesta.
En noviembre de 2019, la Justicia Federal ordenó el procesamiento en contra de todos los involucrados por las maniobras realizadas con dineros de la mutual, el gremio y la obra social. La Justicia tomó la resolución basándose en una inspección realizada por el INAES, de la cual surgió que desde marzo de 2014 la mutual del Surrbac en Córdoba ( A.M.S.U.R.R.Ba.C) realizaba operaciones de préstamos financieros a sus asociados "sin contar con un reglamento, ni la autorización pertinente para aplicar descuentos directos sobre los salarios del personal".
También se tuvieron en cuenta tres informes contables practicados por los interventores judiciales de mayo, junio y julio de 2018 que establecieron que las tasas de interés "por los empréstitos eran excesivamente elevadas, no eran informada a los destinatarios, las cuotas mensuales eran descontadas en forma directa de sus salarios figurando en un rubro genérico ‘consumos de mutual’; y que no se dejaba constancia documentada del préstamo".
Si los jueces federales Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís aceptan la propuesta, se cerrará el expediente sin que le generen antecedentes penales a los acusados. El fiscal Hairabedián explicó que "no están dadas las condiciones para aceptar" la propuesta y precisó que contra Saillen y Catrambone quedan otras causas abiertas.
Su oposición, argumentó, es porque el tema es de "trascendencia e interés público" ya que se afectó dinero de los trabajadores y, además, porque "no está claro el origen de los fondos que ofrecen" para el perdón judicial.
La Fiscalía sostuvo que los "préstamos", "ayudas" y "mutuos" otorgados por la mutual eran usurarios y extremadamente perjudiciales para los que los solicitaban; y por otra parte la suspensión del cobro de esos descuentos evita la continuación del delito (y un perjuicio) para los afiliados.
Por el artículo 359 del Código Procesal Penal de la Nación el tribunal debería designar a un cuarto juez porque se trata de una causa compleja. La discusión seguramente insumirá lo que resta del año y, si se inicia el juicio, será en 2025, cuando el presidente Díaz Gavier se debe jubilar, ya que el 11 de mayo cumple 75 años.
En septiembre de 2021 tanto la Fiscalía como la querella -la Unidad de Investigación Financiera (UIF)- pidieron la elevación a juicio de la causa por la que estuvieron detenidos el secretario general, Mauricio Saillén, y su segundo, Pascual Catrambone mientras que otras 16 personas están investigadas. En ese momento se estableció que el perjuicio podría llegar a $150 millones.
CON INFORMACIÓN DE LA NACIÓN