El Gobierno impulsará una nueva ley de divorcio que evite pasar por la Justicia
El proyecto de ley, presentado en el Congreso este lunes, propone una alternativa más rápida y económica para disolver el vínculo matrimonial, con un trámite administrativo en lugar de judicial.
El Gobierno envió al Congreso una nueva propuesta legislativa que busca transformar el proceso de divorcio en Argentina. El proyecto de ley, presentado este lunes, ofrece la posibilidad de disolver el matrimonio de mutuo acuerdo a través de un procedimiento administrativo, sin necesidad de intervención judicial. Según el documento, la iniciativa busca implementar un mecanismo "más simple, más rápido y más económico" para poner fin al vínculo matrimonial.
La medida tiene como objetivo cubrir un vacío en la legislación actual, proporcionando una opción de divorcio en sede administrativa. "El divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, con un simple trámite administrativo", explica el documento.
El proyecto ha sido firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Ambos funcionarios destacan que esta modalidad de divorcio administrativo ya ha sido implementada con éxito en varios países, incluyendo Brasil, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia y Japón, entre otros.
Desde el Ejecutivo sostienen que la aprobación de esta ley beneficiaría a aquellas parejas que deseen poner fin a su matrimonio de forma rápida y con menores costos. Según el documento, la propuesta permitiría que personas con voluntad de separarse, pero con recursos o tiempo insuficientes para afrontar un proceso judicial puedan gestionar su divorcio de manera "simple, veloz y económica". Además, consideran que este nuevo sistema contribuiría a ampliar la libertad de los individuos para reorganizar sus vidas según sus decisiones personales.
El escrito también subraya los beneficios que tendría para el sistema judicial, aliviando la carga de los tribunales: "Procesos que podrían tramitarse por medio de una vía administrativa inundan los tribunales, generando lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes".
La iniciativa resalta la importancia de respetar la autonomía de las personas en la toma de decisiones trascendentales. El Gobierno argumenta que, si el matrimonio se celebra por acuerdo mutuo ante un oficial público, la disolución del mismo debería poder realizarse de la misma manera, permitiendo a las partes buscar nuevos proyectos de vida de manera consensuada.