Ley Hojarasca: de qué se trata el proyecto que busca eliminar 70 leyes "obsoletas e inútiles"
Son normativas que se sancionaron durante 16 gobiernos diferentes. Desde el oficialismo señalan que promueve la seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país.
El proyecto de Ley Hojarasca que promueve el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya fue enviado al Congreso y se encuentra en manos de los legisladores. El objetivo es eliminar 70 leyes que fueron sancionadas por distintas administraciones durante el siglo XX y así "derogar costos inútiles para los contribuyentes y normas que afectaron las libertades individuales a través de diversas sobrerregulaciones", según indican desde el Gobierno.
QUÉ TIPO DE LEYES CAMBIARÁN
1. Leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas: por ejemplo, una ley específica sobre la vacunación de la viruela pierde sentido cuando posteriormente se dictó una ley de vacunación.
2. Leyes que fueron superadas por la tecnología, el avance del conocimiento, de la economía o el paso del tiempo: por ejemplo, una ley que autoriza las emisiones de televisión, obsoleta hoy en día.
3. Leyes que limitan la libertad individual, por ejemplo la que autoriza al Estado a supervisar y prohibir reuniones en lugares privados sancionada en 1951.
4. Leyes cuya derogación implica avanzar con el programa de desburocratización, eliminando organismos y normas sobre regulatorias, alivianando el presupuesto público, sin perder la eficiencia.Por ejemplo, la ley que obliga que cualquier producto que tenga un mapa en su etiqueta a ser aprobado por el Instituto de Cartografía oficial.
5. Leyes que perdieron el sentido porque los organismos o instituciones responsables dejaron de existir en los hechos, pero las normativas que los crearon siguen vigentes, como el Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas, Ediciones Culturales Argentinas.
6. Leyes que crean organismos para integrantes del Sector Público, solventados con recursos del Estado Nacional, por ejemplo el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios. Estos entes podrían seguir funcionando pero sin el financiamiento del Estado Nacional.
"DEBE REGIR UN PRINCIPIO DE MÁXIMA LIBERTAD Y NO DE MÁXIMO CONTROL"
Desde la cartera de Sturzenegger explican que parten del principio de que "las personas pueden llevar adelante toda actividad permitida por la Constitución Nacional sin necesidad de sancionar leyes específicas que luego pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo individual y del país en su conjunto, generando un impacto negativo en la seguridad jurídica y el funcionamiento del sector privado".
Esto se basa en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que "ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe", desprendiéndose de los artículos 28 y 33 que para los individuos, todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido.
Por esta razón, critica que "las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX" que "impusieron la visión de que para la ‘adquisición’ de un derecho era necesaria una ley que otorgara ese derecho". "Obviamente, esto llevó a abusos y arbitrariedades", afirman, y agregan que esta perspectiva tuvo como resultado una "una situación en la que pareciera que ninguna actividad es posible sin un aval previo del Estado".
Entre sus fundamentos, el proyecto señala que se vieron obligados a "relevar, revisar y evaluar" las normativas para "acompañar un proceso de transformación de la sociedad con nuevos paradigmas basados en el reconocimiento de las libertades individuales en nuevos contextos", donde "debe regir un principio de máxima libertad y no de máximo control".