Corrupción: las irregularidades que denunció el Gobierno y que provocaron la detención de Andión
Desde que asumió la actual gestión provincial se dictó la intervención del organismo y comenzaron a descubrirse "irregularidades en la constitución de las fundaciones beneficiarias". Piqueteros recibieron millones de pesos de manera discrecional y ahora la Justicia investiga cómo se otorgaban esos recursos.
Ni bien asumió como gobernador de Chaco, Leandro Zdero, decidió intervenir el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) por "irregularidades" y puso al frente a Clelia Ávila, quien se hizo cargo de la misión y se encontró con una "mega corrupción" que incluyó unas 400 denuncias de beneficiarios "estafados" por dirigentes sociales que habrían contado con la complicidad del titular del IAFEP, Mauro Andión . Todo esto sucedió durante la gestión de Jorge Capitanich. Para conocer lo que ocurría puertas adentro del organismo Diario Chaco recuerda a sus lectores los motivos que llevaron a Andión a declarar este miércoles en la causa que investiga su labor en el organismo y por qué quedó detenido.
Las maniobras denunciadas desencadenaron acciones legales contra el expresidente del IAFEP. Posteriormente, el mandatario provincial en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo de este año, adelantó que iba a impulsar en la Cámara de Diputados de Chaco un proyecto para la derogación de la Ley N° 3335-I, por la que se creó el IAFEP. El 4 de julio pasado, con 17 votos a favor se aprobó la extinción del organismo. Desde entonces se eliminó una oficina donde, presuntamente, se manejaban de manera discrecional recursos públicos que tenían como destino a líderes de organizaciones sociales y piqueteras.
Entre las irregularidades detectadas sobresale que de los 16.000 millones de presupuesto del IAFEP, 15.000 millones fueron orientados a piqueteros. A esto se suman las viviendas y los bolsos de comidas que nunca se habrían entregado.
LA INTERVENCIÓN
Clelia Ávila, a cargo de la intervención del IAFEP, afirmó que detectó "irregularidades en la constitución de las fundaciones beneficiarias, favoritismo con dirigentes sociales para la designación de obras y nulo control de las mismas".
"Creo que en la historia del Chaco no hubo una corrupción mayor como la del IAFEP. Me duele mucho decirlo, porque en una de las provincias más pobres del país se llevaron el dinero de personas para enriquecerse unos pocos", dijo Ávila a poco de hacerse cargo de la misión.
La interventora informó que no encontró una base de datos ordenada que diera cuenta del procedimiento para la adjudicación de 5.100 viviendas.
"Se pasó en 7 años de 400 a 4.000 fundaciones. Estas organizaciones fueron la herramienta que facilitó el delito", describió Ávila en febrero último.
Uno de los asesores de la interventora, Godofredo Pérez Dudiuk, afirmó haber identificado "una matriz de corrupción sistémica". Alejandro Varela, el otro asesor, dijo el 27 de febrero en conferencia de prensa que "hay datos que podrían tener relación con causas que ya se encuentran abiertas e inclusive con algunas personas que ya están detenidas".
LAS DENUNCIAS
El intendente de Colonia Aborigen, Mateo Vucko, es un dirigente del Frente Chaqueño -el espacio coquista- quien detalló que cooperativas estafaban a personas vulnerables amparándose en las obras de viviendas que conseguían por IAFEP. "Muchos se acercan hasta el municipio y nos comentan cómo fue el convenio con la cooperativa que le hizo el mejoramiento de hábitat, a través del IAFEP que en su momento era coordinado por Mario Andión", dijo.
Según Vucko, "les cobraban dos o tres vacas para hacerles la vivienda, otra cosa que notamos es que se usaban datos de personas con hijos con discapacidad para agarrar y sacar mejoramiento de hábitat más rápido y entonces podían vender más rápido, pero quedaron todos por la mitad, algunos en un 30% ".
El jefe comunal detectó "muchísimos casos" y por eso el año pasado dialogó con funcionarios de la gestión Capitanich para advertirles lo que estaba ocurriendo. Confió que al exministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, le dijo: "´Ministro, están vendiendo las viviendas´" y éste le habría respondido, según recordó, "´no, voy a ver´". También agregó: "Fui a hablar con Mauro -Andión- y le dije ´dejen de joder con las viviendas, están vendiendo en mi pueblo y mi gente no tiene para darles"".
Por este motivo Vucko formalizó la denuncia penal contra Mario Andión. En los meses siguientes, desde la gestión provincial suspendieron el avance de obras clave en Colonia Aborigen, tales como el Registro Civil y un cuartel de Bomberos.
FONDOS A DISCRESIÓN PARA PIQUETEROS
Luego de que Zdero haya tomado la decisión de intervenir el IAFEP y después de que la Justicia haya atendido las denuncias e iniciado las investigaciones, salieron a la luz la cantidad de recursos públicos que eran orientados a dirigentes de organizaciones sociales y piqueteras. La metodología, como lo explicó Ávila, habría sido a través de la creación de fundaciones.
Para explicar lo que sucedía en el IAFEP bien vale graficar con dos nombres de dirigentes que habrían gozado de las jugosas cifras que se transferían: Carlos Barraza y Ramón "Tito" López.
En el caso de López, a quien la justicia detuvo junto a su famila, los informes preliminares sugieren un patrón de fraude a la administración pública, con posibles evidencias de facturación "excesiva" e "irregularidades" en la gestión de fondos provenientes del IAFEP, entre otras áreas gubernamentales.
Las fundaciones ligadas a Tito López son: Los Dueños de la Raza, creada en mayo de 2019 por David López; Buen Vivir y Trabajo, fundada en enero de 2017 por Walter López; y Construyendo País, que nació en mayo de 2022 por Daniel López. Con todas ellas el dirigente habría logrado manejar millones de pesos que recibió por parte del Estado.
En 2023, la Fundación Los Dueños de la Raza le facturó al IAFEP $ 71.007.984; a partir de 2022, la Fundación Buen Vivir y Trabajo facturó exclusivamente al IAFEP montos que llegaron a $ 12.096.289 en 2022 y $ 29.540.708 en 2023; la Fundación Construyendo País comenzó a operar en mayo de 2022 y su primera factura emitida fue al IAFEP en septiembre de 2022. En 2022, la fundación facturó $ 570.000, y en 2023, $ 46.605.004. A pesar de estos ingresos, las facturas de compras y gastos en 2023 fueron sólo de $ 101.080.
En el caso de Barraza, la investigación revela que en su rol de presidente de la Asociación Civil Humildad se habría apoderado de una suma millonaria destinada a diversos programas implementados por la anterior gestión.
Durante el período comprendido entre 2022 y diciembre de 2023, Barraza recibió, bajo el programa "Resi-todos" del IAFEP, un total de $ 13.050.000, montos aprobados mediante varias resoluciones que estaban destinados a proyectos de desmalezamiento, limpieza de zanjas y recolección de material reciclable en las localidades de Barranqueras y Colonia Elisa. Sin embargo, la Fiscalía expuso que el piquetero no acreditó la efectiva prestación de dichos servicios. Las transacciones fueron realizadas entre el 2 de junio de 2022 y el 22 de noviembre de 2023, una de ellas sin resolución administrativa.
Además, Barraza recibió $ 91.062.105,20 bajo el programa Emergencia Habitacional del IAFEP, fondos que estaban destinados a la construcción y refacción de viviendas para comunidades vulnerables, pero las ejecuciones de las obras no fueron concretadas, según la acusación judicial . Los pagos se registraron entre el 9 de junio de 2022 y hasta el 12 de octubre de 2022.
En el marco del Programa de Infraestructura Social del IAFEP, también recibió $ 1.064.633,70 para la construcción de veredas y $ 10.456.219,43 para la refacción de una fábrica que fuera realizada por la Asociación Civil. Ambas obras no fueron acreditadas .