Con un cambio clave sobre los bloqueos, es inminente la reglamentación de la reforma laboral
Un reclamo impulsado por la CGT demoró la publicación del decreto reglamentario porque despertó diferencias en la Casa Rosada. Las posturas de los empresarios, del sector encabezado por Héctor Daer y Gerardo Martínez, y la del Gobierno en el punto que refiere a bloqueos y el argumento para despedir a quienes lo practiquen.
El Gobierno anunció hace unos 15 días que estaba al salir en el Boletín Oficial el decreto reglamentario de la reforma laboral, sin embargo luego no trascendieron novedades al respecto. Es que un planteo de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) dividió las aguas entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Esa discordia, aparentemente, quedó atrás porque este martes se activó el expediente formal para que la norma sea firmada, por lo que ahora sí saldría en los próximos días.
Según fuentes oficiales, sindicales y empresariales -todas coinciden- el motivo de que la publicación en el Boletín fue un fuerte tironeo entre quienes querían aceptar los cambios que pedía la CGT en el decreto y otro que rechazaba la presión del sindicalismo.
El motivo de las diferencias en La Libertad Avanza fue el artículo de la Ley Bases que penaliza los bloqueos sindicales contra las empresas y los considera como "grave injuria laboral" y, por ende, es motivo de despido justificado. El tema es un golpe contra los gremios que, como Camioneros, utilizan habitualmente esta modalidad de protesta.
Ante este escenario, el sector dialoguista de la CGT, encabezado por Héctor Daer y Gerardo Martínez, salió en busca del apoyo de Hugo y Pablo Moyano y le reclamó hace dos semanas al Gobierno que este artículo fuera atenuado a través de la reglamentación. Justamente, ese requerimiento de los dirigentes gremiales provocó un quiebre de entendimiento entre Santiago Caputo, partidario de conformar a la CGT en la reglamentación de la reforma laboral, y el ala dura con Sturzenegger a la cabeza, que buscaba que la redacción final del decreto mantuviera la misma firmeza original.
El artículo en el que no se ponían de acuerdo el asesor y el ministro incorpora al bloqueo entre las causales del despido con justa causa, previstas en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, para que un empresario pueda denunciar y gestionar la cesantía de un empleado que bloquea, y sin pagar la indemnización, aunque esa resolución después tendrá que ser dirimida por un juez.
La CGT proponía eliminar que el empleador tenga la facultad de despedir previamente al trabajador que bloquea una empresa y, además, obligarlo a presentarse primero ante la Justicia para hacer echar al empleado.
Uno de los negociadores de la CGT reconoció a un medio nacional que"lo que se estuvo hablando con el Gobierno es un procedimiento judicial previo para que el juez determine si hay injuria grave en los casos de bloqueos y que el eventual despido no pase por una decisión del empleador". En esa línea dicha fuente graficó que "es similar al procedimiento previo que existe para el desafuero de un delegado, donde existe una intervención judicial para que la determinación sea más técnica y menos discrecional".
Eso, justamente, era rechazado por los empresarios. Incluso, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtieron que "es inaceptable porque desnaturalizaría la figura contemplada en la ley y volvería a convertirla en algo negociable y no taxativo". La alarma estaba puesta en el procedimiento por el que presionaba la CGT en la reglamentación del artículo 94 de la Ley Bases, ya que le hubiera dado a la Justicia del Trabajo un poder clave para avalar o no los despidos por bloqueos. Es que en ese fuero, coinciden los empresarios, está influenciado por el kirchnerismo y suele dictar fallos adversos a los empresarios.
Al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, le llegaron sugerencias de entidades empresariales y de la diputada del PRO, Verónica Razzini, extitular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), para reglamentar el polémico artículo con más rigor hacia los sindicatos."Una vez constatado el bloqueo, y si luego del preaviso (el responsable del bloqueo) no se depone la acción, el empleador queda habilitado para despedir con justa causa a los empleados intervinientes en el bloqueo que no hayan desistido luego del preaviso", fue la propuesta de las actuales autoridades del MEAB, encabezadas por Juan Méndez.
Los pedidos de los sindicatos y las exigencias de los empresarios sobre la reglamentación llevaron a Cordero a estar entre la espada y la pared, justo a él que se jacta de abrir el diálogo para que el decreto pudiera consensuarse entre las partes.
Santiago Caputo apuntaló la posición de la CGT y Sturzenegger se resistió a convalidar esa modificación del artículo "anti-bloqueos" en contra del empresariado. Po eso, hasta el viernes pasado, los dirigentes cegetistas que viajaron al Vaticano para ver al Papa estaban un poco confiados en que el Gobierno iba hacer lugar a su pedido, pero tenían ciertas dudas con la redacción final de la reglamentación. "Creo que ordenamos el capítulo laboral. La reglamentación no desprotegerá la libertad sindical ni los derechos fundamentales del trabajo. Pero veremos cómo queda", dijo a Infobae un jefe de la CGT.
Mientras el asesor y el ministro mantenían la puja, en la Secretaría de Trabajo idearon una "alternativa intermedia" para evitar las quejas de cualquiera de los sectores involucrados: no reglamentar el artículo en cuestión. Para el etorno de Cordero era lo"más ecuánime"para evitar seguir en el laberito de la versión suavizada de la CGT y la más dura del empresariado.
Más allá de la intención de la CGT, en la Casa Rosada ya reconocen que la que terminaría plasmada en el decreto reglamentario sería la que postularon los empresarios. En este marco, el sabor amargo se acentúa porque ya rige el protocolo de actuación ante los bloqueos, que dictó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y que apunta de lleno contra quienes bloquean una empresa fijando la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales, que recabarán pruebas sobre el desarrollo de la protesta e incluirán la identificación de los responsables con el fin de su "inmediata remisión al juzgado penal correspondiente y al Ministerio Público Fiscal". También facilita a los empresarios la denuncia oficial de los bloqueos mediante una línea telefónica, WhatsApp o mail.
Vale recordar que cuando la Ley Bases se debatió en la Cámara de Diputados, el capítulo laboral de 58 artículos sufrió una drástica poda en busca de mayor consenso político, en una jugada piloteada por el oficialismo y motorizada desde el Congreso por el diputado Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque Hacemos, quien logró imponer una consigna entre sus colegas: "No incluir nada que afecte a la CGT". Por eso, 42 artículos quedaron afuera del proyecto para no irritar a los gremialistas y, entre ellos, uno que modificaba el Código Penal para fijar penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloqueen empresas.
En ese momento, el Gobierno había aceptado reducir las penas contra los responsables de los bloqueos sindicales porque en el DNU 70 decía que esa acción sería reprimida con 3 a 6 años de prisión y luego, antes de ser suprimido, en el último borrador de la modernización laboral que iba a tratar la Cámara baja, se redujo de 6 meses a 3 años de prisión, e incluso desapareció el artículo que consideraba "grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento". Pero este último punto fue añadido en la Ley Bases por iniciativa del bloque de la UCR en el Senado y activó las alarmas en Camioneros, uno de los principales gremios que adoptó los bloqueos como una marca registrada.
El Gobierno nacional dio señalaes a los sindicalistas la última semana con el conflicto en Aerolíneas Argentinas y la eliminación del "registro Moyano" para choferes de camiones, que jaquea el poder de los hombres de verde y blanco.
Así las cosas, la reglamentación de la reforma laboral saldría con la tinta elegida por los empresarios y ello expone que perdió el sector del Gobierno que quería pacificar la relación con los dialoguistas de la CGT. Sin embargo, tampoco primaría la posición de los que proponían mayor dureza contra los "bloqueadores". Por lo cual, en los próximos días, cuando se haga público el decreto reglamentario en el Boletín Oficial se podrá conocer la reacción sindical. Ligado a ello hay que contemplar que se sabrá si la Confederación llama a un tercer paro general.