La Justicia argentina pidió la captura internacional de Nicolás Maduro
Los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe pidieron la indagatoria y captura del alto funcionario venezolano por crímenes de lesa humanidad. La audiencia contó con el testimonio de víctimas que denunciaron torturas y abusos bajo el régimen venezolano.
En una audiencia realizada en los tribunales de Comodoro Py, los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe solicitaron a la Cámara Federal porteña la indagatoria y captura internacional de Nicolás Maduro y su principal aliado, Diosdado Cabello, junto a más de treinta militares y agentes de inteligencia venezolanos. Los acusados son señalados por su responsabilidad en torturas, secuestros y ejecuciones cometidos en el marco de un "plan sistemático" en Venezuela.
La audiencia tuvo un tono particular al contar con la presencia de importantes figuras del ámbito político argentino, como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro porteño Waldo Wolff, este último uno de los impulsores de la causa. También participaron diputados como Fernando Iglesias y miembros del Consejo de la Magistratura.
El planteo del Ministerio Público Fiscal se enmarca bajo el principio de justicia universal, que permite a un país enjuiciar crímenes cometidos fuera de su territorio si las autoridades locales no toman medidas al respecto. Durante la audiencia, seis venezolanos dieron testimonios sobre los tormentos sufridos en su país, destacándose el relato de un fiscal que fue secuestrado y torturado tras investigar la represión de manifestaciones estudiantiles en Venezuela. Este funcionario detalló cómo la cadena de mando detrás de esos abusos alcanzaba las más altas esferas del gobierno de Maduro, y solicitó a la justicia argentina que intervenga ante la inacción de los tribunales venezolanos.
El abogado Tomás Farini Duggan, representante del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), subrayó la gravedad de los hechos y solicitó la captura de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Entre las víctimas de estos crímenes se mencionó a Rocío San Miguel, desaparecida en el contexto de las controvertidas elecciones en Venezuela en agosto pasado, las cuales fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición y la comunidad internacional.
A pesar de que el juez Sebastián Ramos había rechazado previamente el pedido de captura por considerar que aún no se habían completado las medidas necesarias, los fiscales apelaron, argumentando que muchas de estas diligencias serían imposibles de concretar, especialmente los exhortos a Venezuela. "La justicia argentina se encuentra en una oportunidad histórica", expresó Farini Duggan, quien insistió en que estos crímenes forman parte de un plan para perpetuar el poder bajo una dictadura cívico-militar en Venezuela.
El proceso contra Maduro en Argentina inició hace un año, cuando el fiscal Stornelli abrió una investigación por violaciones de derechos humanos en Venezuela a partir de una denuncia presentada por la Fundación de George Clooney. Desde entonces, se han recopilado informes y testimonios, algunos de los cuales fueron remitidos a la Corte Penal Internacional, que ya investiga denuncias similares. Sin embargo, las víctimas y sus representantes insisten en que estos nuevos casos no están contemplados en la investigación de la CPI, razón por la cual pidieron que la justicia argentina intervenga de manera independiente.
Los jueces de la Cámara Federal, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, ordenaron avanzar con la investigación, considerando los delitos de "extrema gravedad" y urgieron a llevar a cabo las diligencias necesarias con celeridad. Entre los documentos presentados en la causa se encuentran informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU, que describe violaciones de derechos humanos, torturas y desapariciones forzadas perpetradas en Venezuela desde 2014. Estos documentos incluyen detalles escalofriantes sobre las torturas, que van desde descargas eléctricas y mutilaciones hasta abusos sexuales.
Al cierre de la audiencia, los jueces anunciaron que emitirán su resolución en breve, mientras las víctimas esperan que se haga justicia desde Argentina ante la falta de acción en su país de origen.