La Cámara Federal de Apelaciones revocó un fallo contra los Sena y ordenó un nuevo pronunciamiento
La causa surgió en 2010, cuando el ex apoderado de Madres, Sergio Schoklender denunció a los Sena y a Quintín Gómez por someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en el programa "Sueños Compartidos".
En febrero, la jueza federal Zunilda Niremperger procesó a Emerenciano Sena y Marcela Acuña en el caso de trata de personas que se reactivó el año pasado y que surgió de una denuncia presentada en 2010 por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, el pasado 30 de abril, los abogados defensores de Emerenciano Sena y Marcela Acuña solicitaron el sobreseimiento de sus clientes y terminaron recurriendo a la Cámara Federal de Apelaciones.
Los abogados de los dirigentes argumentaron que desde el hecho investigado hasta el llamado a indagatoria habían transcurrido diez años, excediendo el término máximo de pena previsto para el delito imputado. La defensa sostuvo que "la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable había sido vulnerada".
La Jueza de primera instancia les contestó que el plazo de prescripción se suspende para todos los involucrados en el delito cuando uno de ellos ocupa un cargo público, algo que entre el 2008 u 2022 ostentó, en diversos cargos, Osmar Quintín Gómez, también procesado en la causa.
En ese sentido, el fiscal Federico Carniel indicó que la complejidad del caso, la gravedad de los delitos investigados y la influencia de los imputados justifican la prolongación del proceso y se apoyó en la excepción prevista por el artículo 67 del Código Penal, aplicable debido a la condición de funcionarios públicos de algunos de los imputados.
Por esto, los abogados Rocío Ramírez y Ricardo Osuna interpusieron recurso de apelación contra la resolución, argumentando que sus defendidos no habían ocupado cargos de funcionario público y que se estaba "violando el principio de plazo razonable", citando demoras atribuibles a las autoridades judiciales y a la falta de diligencia en el proceso.
Diario Chaco accedió a una resolución clave de la Cámara Federal de Apelaciones, firmada por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, que revoca la resolución de la Jueza Federal de Primera Instancia, haciendo lugar a lo alegado por los defensores de los imputados y ordenando un nuevo pronunciamiento.
La Cámara de Apelaciones observó que, aunque los imputados tuvieron cargos públicos desde 2008 hasta 2023, la jueza de primera instancia no justificó cómo esta condición podría haber obstaculizado la investigación. El tribunal señaló que debe existir un nexo causal claro entre el delito imputado y la función pública desempeñada.
"Insistimos, al no encontrarse acreditados los extremos invocados, la mera mención de calidad de funcionario público de uno de los consortes, no puede tornar operativa la cláusula de suspensión en análisis, sin una adecuada fundamentación", plantearon.
La Cámara también consideró el plazo de prescripción establecido en el artículo 62 del Código Penal, que establece que la acción penal prescribe después del máximo de duración de la pena, pero en ningún caso debe exceder de 12 años ni bajar de 2. Cabe recordar que Ramírez y Osuna argumentaron que el delito imputado tiene un plazo máximo de diez años de prisión, por lo que la acción penal habría prescripto debido a que el proceso se había extendido por más de diez años.
La resolución del tribunal incluye la orden de dictar un nuevo pronunciamiento con base en las consideraciones expuestas.