Abogado
El sueño de la doble acefalía, un poco de memoria histórica
La inveterada costumbre del peronismo de conspirar contra las administraciones de otro signo político está en plena vigencia; en estos momentos, con gran vehemencia, pues detenta el poder una fuerza política nueva, de escaso recorrido, que conquistó la primera magistratura, pero adolece de una debilidad política profunda, tiene una exigua representación - no llega al tercio - en ambas Cámaras del Congreso, carece de gobernadores e intendentes.
Descripto en esta forma el panorama político, no puede sorprender, no a quien esto escribe, que los ideólogos del justicialismo estén analizando minuciosamente el orden jurídico para encontrar algún artificio legal para desalojar a Javier Milei de la casa rosada.
Obviamente, como dijo un teórico del peronismo, Jorge Asís, en entrevistas televisivas, algunos compañeros, curules ellos, propugnan una alianza entre el kirchnerismo con los radicales alfonsinistas, más fuerzas de izquierda, para obtener los dos tercios de los votos en ambas cámaras (art. 53 CN) necesario para iniciar juicio político al libertario.
Otros, más modestos, en cuanto estrategia, tienen en mente el sueño de la doble acefalía; por ese motivo, inventan o exageran todo tipo de disidencia o cortocircuito entre Javier Milei y la vicepresidente, Victoria Villarruel.
Son conscientes que en esa situación excepcional quedaría habilitada la Asamblea Legislativa para designar al presidente que concluirá el mandato en curso.
El insalvable impedimento que deben enfrentar las huestes peronistas es el rígido sistema presidencialista, adoptado por nuestra constitución del modelo norteamericano, profundizado por las enseñanzas de Juan Bautista Alberdi, que clausura toda posibilidad de que el mandato de cuatro años del presidente pueda ser abreviado.
En efecto, reza el art. 90 de la Constitución Nacional (CN): "El presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo".
El presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su período de cuatro años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se le complete más tarde (art. 91 CN).
El vicepresidente, además de presidir el Senado, reemplaza al presidente en caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente (art. 88 CN).
Y aquí viene la norma constitucional con la que sueña el peronismo, que no es otra que la que regula la doble acefalía de la siguiente manera: "En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de inhabilidad o un nuevo presidente sea electo" (art. 88 seg. parte CN).
Esta norma, al otorgar al Congreso la prerrogativa de designar presidente, sobreentiende que debe hacerlo a expensas de una ley. Pues bien, en 1868, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, se sancionó la ley 252 de "Acefalía" que regula la hipótesis de vacancia simultánea de presidente y vicepresidente.
Esta ley contempla el siguiente orden sucesorio: producida la doble acefalía, en primer término, debe asumir el presidente provisional del Senado; en su defecto, el presidente de la Cámara de Diputados y en último término, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cuando la inhabilidad fuere de carácter permanente, los funcionarios deben, dentro de los 30 días de haber asumido el ejercicio de la presidencia, convocar a elecciones para elegir nuevo presidente y vicepresidente. La norma determina que ninguno de ellos termina el periodo presidencial en curso.
Como la misión esencial que encomienda la ley de Acefalía N° 252 al Presidente designado por la Asamblea Legislativa es convocar a elecciones presidenciales dentro del término de treinta días, cobra sentido el orden sucesorio en que, hasta el presidente de la corte suprema, puede cumplir el cometido.
Esta ley estuvo vigente durante cien años, hasta que en 1975 se sanciona la ley de acefalía N° 20972 que deroga la anterior y trae como novedad la eliminación de la obligación del presidente provisorio elegido por la asamblea legislativa de convocar elecciones dentro de los treinta días de asumir el cargo.
Se entiende por asamblea legislativa la sesión en pleno de ambas cámaras, senadores y diputados, como si fueses un solo órgano legislativo.
Ratifica el orden sucesorio de la ley 252, pero confiere a la Asamblea Legislativa la potestad de elegir presidente, regulando quórum y mayorías necesarias para consagrarlo. La elección debe recaer en un senador nacional, diputado nacional o gobernador de provincia.
La ley 20972 fue, a su vez, modificada por la ley 25716, sancionada el 28 de noviembre de 2002, momentos en que naufragaba el gobierno de Fernando De la Rúa por el acoso y embestida peronista en el Congreso.
La ley 25716, en apariencia, no hizo innovaciones sustanciales; simplemente, sustituyó en dos artículos la palabra "elección" por "designación", pero el propósito inocultable fue el último párrafo agregado al art. 4 que reza lo siguiente: "El tiempo transcurrido desde la asunción prevista en este artículo hasta la iniciación del período para el que hayan sido electos, no será considerado a los efectos de la prohibición prevista en el último párrafo del artículo 90 de la Constitución Nacional".
De toda evidencia es que en el Congreso la oposición tenía en claro la extrema debilidad del Presidente De la Rúa, quien, a la sazón, no tenía vicepresidente por la renuncia de Carlos "Chacho" Álvarez.
La sanción de esta ley, impuesta por la presión justicialista en ambas cámaras, autorizaba al mandatario electo por la futura asamblea legislativa a terminar el mandato del presidente De la Rúa y postularse nuevamente en el siguiente turno electoral presidencial, sin que se compute el interinato como primer período, salvando el impedimento del art. 90 de la constitución nacional.
Ambas modificaciones efectuadas a la ley de Acefalía 252 fueron hechas a medida de las circunstanciales necesidades políticas e institucionales del peronismo.
La primera, posibilita que quien fuere designado por la Asamblea Legislativa complete el mandato; la segunda (a medida de Duhalde), que no se compute el interinato como primer período presidencial).
No transcurrió un mes desde la sanción de la ley 25716 (28 de noviembre 2001) hasta la fecha de renuncia del presidente Fernando De la Rúa (20 de diciembre del mismo año), dato que resulta harto sugestivo.
Este instrumento legal fue producto de un contubernio entre peronistas, liderados en ese momento por Duhalde, y radicales, conducidos por Alfonsín, no por casualidad el adversario político que tanto admiran y exaltan los compañeros, particularmente, Eduardo Duhalde (que no es "piloto de tormentas", pues el verdadero es Carlos Pellegrini).
Vaya a saber por qué misterio inescrutable (no se comprende racionalmente), de una situación de doble acefalía el presidente electo por la asamblea legislativa (Eduardo Duhalde) no perteneció al partido elegido para cumplir un mandato de cuatro años (radicalismo).
La soberanía popular, pilar del sistema republicano de gobierno, traicionada, merced a una ley de acefalía ostensiblemente inconstitucional.
¿Cómo puede armonizar esta ley con los artículos 90 y 91 de la Constitución que establecen que el plazo de cuatro años del mandato presidencial es sagrado, inmodificable?
La actual gestión, producto de la rigidez de nuestro sistema presidencialista, difícilmente sea removida sobre la base de la ley de acefalía, pues tanto el Presidente Milei, como su vicepresidente Victoria Villarruel, han expresado con firmeza que no renunciarán a sus cargos. Un poco de memoria histórica nunca viene mal.
