Facultades delegadas, privatizaciones y el RIGI: el oficialismo logró aprobarlas con votos sorpresivos
El oficialismo logró declarar las emergencias públicas en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, así como la delegación de facultades y la posibilidad de privatizar seis empresas estatales.
Uno de los aspectos más controvertidos, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), fue aprobado con 38 votos a favor y 32 en contra, incluso contando con el apoyo de algunos legisladores kirchneristas. Previo a la votación, se anunciaron varios cambios, limitando el régimen a nueve sectores específicos y añadiendo la obligación de contratar proveedores locales en un mínimo del 20 % del monto total de la inversión.
El bloque de Unión por la Patria sufrió la deserción de tres de sus miembros: Guillermo Andrada de Catamarca, Sandra Mendoza de Tucumán y Carolina Moisés de Jujuy, quienes votaron a favor del oficialismo. En los primeros títulos del proyecto, se registró un empate de 35 votos a favor y 35 en contra, que fue definido por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Los radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad votaron en contra de las delegaciones de facultades, mientras que Pablo Blanco, quien había expresado su negativa a conceder más facultades, finalmente votó a favor. Los legisladores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que inicialmente llamaron a no dar quórum, terminaron siendo decisivos al votar a favor del proyecto.
Luego de la votación en general, Carambia y Gadano abandonaron la sesión. Su ausencia evitó que varios artículos sobre delegaciones de facultades y privatizaciones, que se aprobaron con empate, fueran rechazados. Carambia había firmado el dictamen del oficialismo en disidencia después de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, accediera a aumentar las regalías mineras del 3 % al 5 %.
El proyecto también aprobó artículos que permiten al Ejecutivo disolver, fusionar, escindir o transferir organismos estatales, y que autorizan a Javier Milei a modificar o liquidar fondos fiduciarios públicos y a intervenir organismos descentralizados, excluyendo universidades nacionales, órganos judiciales y legislativos.
Las privatizaciones se aprobaron tras excluir a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina del listado. Quedaron sujetas a privatización total Energía Argentina S.A. e Intercargo SAU, y a privatización parcial o concesión AYSA, Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales S.A.