Nueva ley de Lavado de Activos: pedirán su inconstitucionalidad
El renombrado abogado, Ricardo Gil Lavedra, expresó su rechazo a la nueva normativa. Uno de sus motivos es que va contra la relación confidencial.
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, expresó su rechazo a la nueva ley de Lavado de Activos aprobada ayer en Senado. Esta normativa comprende a los abogados como sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) al momento de detectar operaciones sospechosas de sus clientes con respecto al desempeño de su actividad profesional. Asimismo, comentó que pedirá la inconstitucionalidad de ese fragmento de la ley.
Gil Lavedra fundamentó que la relación entre los abogados y sus clientes se encuentra amparada por el deber de confidencialidad, y que, a su vez, la práctica de esta ley no garantiza la debida defensa en juicio.
En la misma línea, el presidente del Colegio de Abogados expresó su preocupación planteando que violar este secreto profesional resulta en una pena que llega a inhabilitar a los abogados para ejercer su profesión por hasta tres años.
De esta manera, Gil Lavedra explica que "todas las actividades que desarrolla un abogado, tanto litigiosas como de asesoramiento o representación, se encuentran protegidas por el secreto profesional, pues se trata de información suministrada por sus clientes en el marco de la relación de confianza y reserva que requiere el ejercicio profesional".
"Obligar a investigar a sus propios clientes, establecer el origen de los fondos, las finalidades que se persiguen y eventualmente denunciarlos importa una violación grosera al deber de confidencialidad que afecta directamente a la defensa en juicio ", expresó el jurista. Y agregó que "la mayoría de los abogados y abogadas carecen de los medios e infraestructura para efectuar las indagaciones que, por su naturaleza, pertenecen prioritariamente a las autoridades estatales".
Del mismo modo, el presidente del Colegio Público de la Abogacía sostuvo que "la reciente sanción de la ley modificatoria de las normas de lavado de activos importa, respecto de los abogados, una violación de disposiciones constitucionales; pues en todos los casos las actividades subyacentes que se incluyen en el deber de informar se encuentran suficientemente protegidas por otros controles, según las normas interpretativas de la propia GAFI en cuanto a que no es necesario -en estos casos- obligar a informar a los abogados".
PEDIRÁN LA INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DE LAVADO DE ACTIVOS
El Colegio Público de Abogados ya había expresado su rechazo a esta reforma en febrero, mediante un comunicado en el que remarcaban que la mayoría de los casos reportados ante la UIF quedaban fuera del ámbito penal y administrativo sancionador y que "el costo impuesto a los profesionales, en este contexto, ni siquiera tendría un efecto relevante sobre el combate de fenómenos como el terrorismo y el narcotráfico".
Por último, Gil Lavedra anunció que el Colegio Público de la Abogacía entablará acciones legales para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la parte de la Ley que incluye a los abogados como sujetos obligados a informar.
El proyecto de reforma del Código Penal fue aprobado y sancionado como la primera ley del año el jueves en la misma sesión del Senado en la que se trató el DNU de Javier Milei. La iniciativa había recibido media sanción en Diputados en abril del año pasado y formaba parte de un entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que adhería además a las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).