El Gobierno anunció que volverá a ser querellante en causas de corrupción K

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, acordó con la Oficina Anticorrupción (OA) dirigida por Alejandro Melik, llevar a cabo un relevamiento de todas las causas de corrupción en etapa de instrucción en Comodoro Py. El objetivo es retomar las querellas de las que la OA había desistido durante el gobierno anterior.
Esta decisión surge después de las críticas de la oposición sobre un presunto pacto de impunidad por parte del gobierno actual. Para contrarrestar estas acusaciones, Cúneo Libarona decidió que la OA vuelva a ser querellante en casos de corrupción.
Por el momento, no se retomó ninguna querella por parte de la OA, pero la orden política está clara. Según fuentes oficiales, se busca retomar la participación en los 32 expedientes de los que la OA se había retirado durante la gestión de Alberto Fernández, incluyendo casos como Hotesur, Los Sauces, Cuadernos, Odebrecht y YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio).
Cúneo Libarona ha enfatizado que no hay ningún pacto de impunidad y que la corrupción es un tema grave que debe ser combatido. Sin embargo, se aclara que la querella será una excepción y no la actividad principal de la OA.
Esta decisión se produce después del fracaso de la iniciativa del ministerio de Justicia para crear una Procuraduría Anticorrupción, medida que fue rechazada por considerarla inviable. En lugar de eso, el Procurador General de la Nación ha ordenado que la OA vuelva a querellar en casos de corrupción.
Por el momento, la medida solo afecta a la OA, y aún no se ha decidido si la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP seguirán el mismo camino. Durante la gestión anterior, todas esas dependencias del Poder Ejecutivo asumieron participaciones activas como querellantes en más de 40 casos de corrupción.
La OA está realizando un relevamiento de todos los casos de corrupción en etapa de instrucción en Comodoro Py, que se ocupa de los delitos contra la administración pública, el narcotráfico y el lavado de dinero. Se espera que la OA decida en qué expedientes solicitará intervenir después de completar este relevamiento.
Uno de los ejes principales de esta nueva estrategia es que los abogados que representen a la OA en las investigaciones sean especialistas en derecho penal. Se está armando un equipo dentro del organismo para cumplir con este requisito.