El Gobierno busca destrabar la sanción de la ley Ómnibus: acota las facultades delegadas y reduce las privatizaciones
La nueva redacción incluye varios artículos nuevos y atiende muchos de los planteos de la oposición dialoguista.
En medio de la incertidumbre sobre la votación y la falta de acuerdos, el Gobierno envió un nuevo texto durante el segundo día de debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. Estas modificaciones buscan destrabar dos puntos cruciales que corrían el riesgo de ser rechazados: privatizaciones y facultades delegadas.
En esta nueva redacción, que incorpora varios artículos adicionales, se abordan varios de los planteos planteados por la oposición dialoguista. En relación a las privatizaciones, el listado final de empresas susceptibles de venta se reduce de 39 a 30. Tres de estas empresas, Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, solo podrán ser privatizadas parcialmente, un aspecto resistido por la oposición al considerarlas estratégicas.
Empresas destacadas que quedaron excluidas de la lista incluyen Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.
El nuevo capítulo se divide en tres artículos, con anexos que detallan las empresas sujetas a privatización total y parcial. Esta división permite que la oposición pueda votar negativamente en casos específicos, evitando la caída de todo el paquete. Esta aproximación se alinea con la propuesta de aprobar "empresa por empresa" las privatizaciones.
Para garantizar la transparencia en el proceso de privatización, se establece que una Comisión Bicameral compuesta por seis diputados y seis senadores será informada por el Ejecutivo sobre la modalidad y procedimiento de venta, el pliego de condiciones 15 días antes de su publicación, y cualquier circunstancia relevante. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) colaborarán permanentemente con esta comisión.
En cuanto a las emergencias y facultades delegadas, las posiciones se acercaron al eliminarse la emergencia fiscal y previsional. El proyecto declara la emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2024, prorrogable por un año más por el Congreso.
Sin embargo, persiste la derogación del artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública (N° 27.612), conocida como "Ley Guzmán", que establece límites a la toma de deuda en dólares con legislación extranjera. Este punto, sin acuerdo con la oposición, podría enfrentar un rechazo, ya que defienden la capacidad del Congreso para controlar al Ejecutivo.