Periodista, escritor e historiador
Perón estatizó todo, y después quiso privatizar todo
En 1949, tan abruptamente como había comenzado en 1946, las luces de la fiesta económica peronista empezaron a apagarse.
Enrique Pavón Pereyra, el principal biógrafo de Perón, escribió: "Ese año, los hábitos de abundancia que había adquirido el pueblo argentino debieron interrumpirse".
A tan sólo tres años de iniciar Perón su mandato, la sólida posición económica argentina empezó a resquebrajarse.
El gobierno responsabilizó de ello a "los enemigos de adentro y de afuera", a la "acción del imperialismo", y también al "poderoso influjo de la voracidad imperialista".
"Estados Unidos no quiere que Argentina desarrolle la tercera posición peronista", decían los fanáticos. "Los problemas económicos argentinos obedecen a la acción de los viejos enemigos del país, que siguen moviéndose entre bambalinas para perjudicar a los argentinos", afirmaban otros, desde el gobierno.
Sin embargo, el verdadero culpable, que era el dilapidador, derrochador y despilfarrador gobierno, no se sentía culpable.
La verdad era que buena parte de la responsabilidad del evidente declive económico argentino se debía a la política de estatizaciones que había comenzado inmediatamente después de asumir Perón la Presidencia de la Nación.
Ferrocarriles, teléfonos, gas, transportes de Buenos Aires, la navegación fluvial y de ultramar, transporte aéreo, medios de comunicación, entre otras cosas, pasaron a manos del Estado Nacional.
Fueron tales nacionalizaciones las que fueron erosionando y devorando la montaña de divisas que se había ido acumulando durante la Segunda Guerra Mundial.
Las estatizaciones, sumadas a las inexperiencias o errores cometidos por la administración estatal, abrieron una profunda sangría económica que en 1950 llevaron al país a una virtual cesación de pagos.
En 1954, Perón reveló su interés en desprenderse de todo aquello que con tanto fervor popular había estatizado.
El 3 de julio de ese año, hablando ante la Confederación General Económica (CGE), dijo:
"El Estado argentino se sentiría muy feliz el día que no tenga una sola empresa comercial, industrial o de la producción en su poder". Añadió que la orientación del gobierno consistía en que "todas las empresas que están en poder del Estado sean absorbidas por el interés privado".
Para atraer capitales extranjeras, se dictó la ley 14.222 de radicación de inversiones en divisas o bienes de capital, otorgándoles ventajosas franquicias impositivas.
Y pese a la prédica anti-imperialista del gobierno, comenzó a verse una clara apertura hacia capitales norteamericanos, consolidada con la visita de Milton Eisenhower en 1953.
Ya entonces resultaba ridícula y hasta tragicómica la consigna peronista de "combatir al capital".
"Plan de Emergencia Económica"
Por la inflación del 38,70 por ciento, por el agudo desequilibrio económico, y porque había huelgas por todas partes, el 18 de febrero de 1952 Perón lanzó un "Plan de Emergencia Económica".
Se hacía cada vez más difícil comprar los equipos necesarios para las industrias, con lo cual sobrevino una aguda restricción al crecimiento y modernización de la industria argentina.
Las cámaras empresarias se quejaban de los problemas que les creaba la vejez de los equipos, sus bajos rendimientos, la escasa rentabilidad económica, y las limitaciones productivas.
Como el gobierno imprimía cada vez más dinero, la inflación no se detenía. Se racionó la venta de nafta, estableciéndose un cupo de treinta litros semanales por automóvil.
En las grandes ciudades del país podía verse largas colas en procura de conseguir productos como aceite, harina, pan, manteca, queso, carne, azúcar y querosene.
Con el constante aumento de los artículos de primera necesidad, aumentaba el descontento social.
La ley del látigo
El 1° de abril de 1953, Perón denunció "maniobras tramadas desde el exterior, pero con ejecutores dentro del país, para encarecer los productos de primera necesidad".
La CGT, a su vez, denunció "las maniobras especulativas forman parte de un plan hábilmente preparado por un comando que actúa fuera de las fronteras nacionales".
Entonces, Perón aumentó las "represiones de actividades especulativas" en todo el territorio nacional.
Infinidad de comercios fueron clausurados y sus dueños, acusados de infringir los precios máximos, fueron llevados a prisión con la denominada "policía económica".
El 8 de abril de 1953, Perón habló por radio al país para advertir que el castigo por no respetar los precios máximos sería "noventa días en Villa Devoto y clausura definitiva de sus negocios".
Solamente en Capital Federal, desde el 8 al 15 de abril de 1953, más de 600 comerciantes fueron a dar con sus huesos al penal de Villa Devoto, y sus negocios clausurados.
En las industrias, se limitó el consumo de aluminio, para afrontar la crisis energética en los comercios se modificó el horario y, por el mismo motivo, se suspendieron las clases los días sábado.
El gobierno recomendó a la población no consumir carne vacuna una vez por semana, y en lugar de harina de panadería los panaderos usaban centeno para hacer el pan.
Como todo el mundo se quejaba del desequilibrio económico, Perón contestó en un discurso: "¿Qué país del mundo tiene equilibrada su economía? ¿quién puede hablar de equilibrio económico?".
Hizo además un llamado al pueblo argentino para exhortarlo a cuidar hasta en los menores detalles la economía doméstica: "La regla debe ser ahorrar, no derrochar", dijo.
En otro discurso radial, explicó con lujo de detalles lo que podía hacer una familia para superar la crisis:
"Es necesario –dijo- que cada componente de la familia produzca por lo menos lo que consume. Para ello es menester quebrar la modalidad existente en muchos hogares, donde el único que trabaja y aporta para los gastos, es el jefe de familia. Todo el que está en condiciones de trabajar, debe producir, porque esa es la urgencia de la hora".
Luís Sandrini y Abel Santa Cruz aludían en sus sketchs humorísticos a la necesidad de "cambiar la orientación del consumo, y de poner el hombro para sacar adelante el país".
Y porque el papel escaseaba, una campaña oficial invitaba a escribir "del otro lado del papel".
El petróleo, para los norteamericanos
El 25 de abril de 1955, el pueblo peronista recibió un durísimo golpe: gobierno firmó un "contrato para desarrollar los recursos petrolíferos del país" nada menos que con la Compañía California Argentina de Petróleo, con sede en Delaware, Estados Unidos.
La política económica de la Nación inaugurada por Perón en 1946 se había basado en dos principios fundamentales: liberación de todo influjo extranjero, y monopolio estatal de todas las fuentes de riqueza.
Pero todo eso se vino abajo con el referido contrato. Con la firma de dicho documento, la prédica y la imagen de defensor de la independencia económica argentina y de líder de una supuesta "tercera posición" de Perón, se derrumbaron.
En representación del gobierno nacional, el documento, de 71 artículos en total, fue firmado por el ministro de Industria de la Nación, Orlando L. Santos, y fue ratificado por decreto 6.688 del 6 de mayo de 1955.
Por elmismo, el gobierno argentino autorizaba a la citada compañía petrolera norteamericana a realizar "operaciones exploratorias", "operaciones de perforación" y "operaciones de perforación exploratoria". Específicamente, la tarea era: "exploración, cateo y perforación, extracción, explotación, transporte, refinación, exportación, comercialización y venta de petróleo y sus productos y subproductos".
El artículo 4, consignaba que el contrato tendría pleno vigor y efecto por "un plazo de 40 (cuarenta) años "contados a partir de la fecha efectiva en que éste contrato entre en vigor, más todas las prórrogas de dicho plazo de 40 (cuarenta) años previstos en el artículo 63 de éste contrato".
El artículo 6 otorgaba a la compañía estadounidense "el derecho de construir, mantener, operar, reponer, reparar y renovar equipos, maquinarias, plantas, campamentos con todas las obras e instalaciones convenientes y deseables para su funcionamiento y operación, edificios, aeropuertos, campos de aterrizaje, sistemas inalámbricos de teléfonos y telégrafos, estaciones de bombeo, usinas eléctricas y de vapor, tanques, estaciones marítimas, muelles, embarcaderos, caminos y otras obras e instalaciones destinadas exclusivamente a las operaciones de la Compañía".
Según el artículo 10, YPF pasaba a ser un simple dependiente de la compañía norteamericana porque se lo obligaba a "facilitarle a la Compañía el acceso a toda la información y datos científicos y técnicos que posee".
Otro artículo, el número 22, establecía: "La Compañía tendrá la administración, dirección y control, único y exclusivo, y podrá decidir a su juicio respecto a la manera, los medios y método de conducir todas las operaciones sujetas a éste contrato".
Los militares que se hicieron cargo del poder en 1955, dejaron sin efecto esta entrega a la extranjería del petróleo argentino.
