Jorge Macri reclama la restitución de un decreto para poder "expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen"
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha hecho un llamado público para restablecer el decreto migratorio que fue firmado en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri. Este decreto imponía restricciones más estrictas al ingreso de extranjeros al país y establecía un mecanismo expedito de extradición para delincuentes.
La declaración de Jorge Macri surge en respuesta a un incidente ocurrido recientemente en la Ciudad de Buenos Aires, donde la Policía detuvo a tres delincuentes extranjeros sin ciudadanía argentina que estaban robando en un local de electrodomésticos en el barrio de Balvanera.
"Anoche, ante una alerta al 911, personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes extranjeros que estaban robando en un local de electrodomésticos. Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros sin ciudadanía que eligen nuestro país para delinquir", expresó Jorge Macri en su cuenta de Twitter.
El decreto en cuestión, firmado en enero de 2017, modificó la Ley de Migraciones bajo la premisa de la prerrogativa soberana del Estado para decidir los criterios de admisión y expulsión de no nacionales. Introdujo un "procedimiento migratorio especial sumarísimo" para agilizar la expulsión de delincuentes extranjeros.
El argumento detrás de esta medida se basó en la duración de los procesos administrativos y judiciales, así como en el aumento de la población carcelaria extranjera, especialmente en casos relacionados con narcotráfico. La norma también prohibió el ingreso a personas con documentación falsa, antecedentes penales y aquellos involucrados en delitos graves como terrorismo o crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, en 2021, el Gobierno de Alberto Fernández derogó este decreto, alegando que violaba principios constitucionales y derechos humanos. Se argumentó que el Decreto 70 de Macri afectaba el debido proceso, el derecho a asistencia legal, y restringía el control judicial sobre actos administrativos, entre otros aspectos.
Además, se afirmó que la política migratoria implementada durante el gobierno de Cambiemos no demostró mejoras significativas, y desde la entrada en vigor del decreto en 2017, la litigiosidad en materia migratoria aumentó considerablemente.
Este llamado de Jorge Macri reabre el debate sobre la política migratoria en Argentina, centrándose en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales.