El juicio político a la Corte, una "cortina de humo" sin chances en 2024
El anterior oficialismo impulsó a lo largo del año un juicio a los miembros del máximo tribunal por mal desempeño tras el fallo que ordenó a Alberto Fernández restablecerle la coparticipación quitada a CABA. Las razones y la historia detrás de esta jugada política.
El kirchnerismo impulsó en 2023 un movimiento atípico para la independencia de poderes: un juicio político a todos los integrantes de la Corte por ordenar al Gobierno de Alberto Fernández, en buena medida, restablecer la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que había sido recortada mediante decreto, de la noche a la mañana.
Alberto Fernández lanzó el decreto 735/2020 en septiembre de aquel año. Por aquel momento, la policía de la provincia reclamaba aumentos salariales. Entre las movilizaciones era habitual rodear la quinta de Olivos para hacerle sentir al presidente la presión. Alberto Fernández optó por darle una mano al gobernador Kicillof, proporcionándole recursos para satisfacer las demandas.
La idea, en este sentido, fue quitarle la coparticipación a CABA y pasárselos a la provincia de Buenos Aires. La decisión fue rápidamente impugnada judicialmente por la Ciudad, que colocó una cautelar el 21 de diciembre de 2022.
A pesar de que la Corte ordenó restablecer esta coparticipación, Alberto Fernández indicó que no acataría tal orden. Los dirigentes políticos de su misma fuerza política, en un intento de justificar este alzamiento institucional, recorrieron un camino sinuoso: acusar a los jueces de la Corte por mal desempeño y promover el juicio político.
Entre los argumentos esgrimidos por el oficialismo se encontraba, irónicamente, que la decisión de la Corte afectaría a todas las provincias -Chaco incluido- porque les restaría fondos de la coparticipación. No se tuvo en cuenta que la coparticipación que recibe la Ciudad se descuenta de la coparticipación primaria, es decir, lo que le corresponde al Estado nacional. Por lo tanto, esto en nada afectaba a las provincias. El fallo de la Corte Suprema mencionó esto mismo un total de tres veces.
Los diputados, sin embargo, continuaron afirmando que la Nación pierde fondos con los cuales podría ayudar aun más a las provincias. Esto tampoco tuvo razón de ser, debido a que absolutamente todo el porcentaje de coparticipación quitado a CABA, le fue otorgado únicamente a la provincia de Buenos Aires. La coparticipación de CABA fue reducida del 3,50% al 1,40%. Ese 2,10% de diferencia fue asignado a la provincia. El resto de las 22 provincias no absorbió ni un 0,01%.
Así las cosas, cabe recordar la actualidad de este intento de juicio político. En las últimas semanas, y a un día de que venza el plazo, el kirchnerismo impuso su mayoría en la comisión de Juicio Político en Diputados y firmó el dictamen a favor del proyecto en contra de los miembros de la Corte. De los 16 diputados del Frente de Todos que votaron a favor, al menos una decena responden a Cristina Kirchner y otros cuatro pertenecen a La Cámpora.
Todo este proceso que comenzó en la comisión de Diputados se originó, oficialmente, el pasado 26 de enero. Se llevaron a cabo 25 reuniones y un total de 65 testigos prestaron declaración.
Para iniciar el proceso de Juicio Político en el recinto de Diputados hacen falta dos tercios de los votos, algo que el peronismo no posee. En el Senado funciona de la misma manera, pero en definitiva es la Cámara alta quien resolverá si los miembros de la Corte son culpables o no. Esta imposibilidad de números y prosperación desde Diputados hace descontar que todo este intento de juzgar al máximo tribunal quedará, indefectiblemente, en un solo lugar: la nada misma.