El Gobierno buscará derogar la ley de Abastecimiento y la ley de Góndolas
Los proyectos formarán parte de la amplia ley de desregulación. El objetivo será también eliminar los fideicomisos del trigo y el aceite, terminar con Precios Justos y despliegue de controles que significa mayor gasto.
En una reunión con empresarios, el Gobierno reveló sus planes para derogar la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y eliminar los fideicomisos del trigo y el aceite. Estas medidas formarán parte de un proyecto de ley de desregulación de la economía, en línea con los lineamientos de gestión del nuevo gobierno de Javier Milei.
La Ley de Abastecimiento, que data de 1974 con una actualización en 2014, otorga al Poder Ejecutivo la facultad de determinar precios, realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos, aplicar multas y clausuras de establecimientos. Esta ley ha sido utilizada en el pasado para intervenir en situaciones de desabastecimiento o escasez, y para establecer márgenes máximos de ganancia para las empresas.
La Ley del Observatorio de Precios, promulgada en 2015, tiene como objetivo monitorear y relevar información sobre los precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios en el país. Esta ley será también derogada, junto con la Ley de Góndolas, que regula la forma en que los productos deben ser organizados en los supermercados.
Además de la derogación de estas leyes, el Gobierno pondrá fin al programa de Precios Justos y revisará las actas y multas impuestas durante el mandato anterior. También se discontinuará el despliegue de controles presenciales y fiscalizaciones, considerando que consumen una gran cantidad de recursos.
Por último, los fideicomisos del trigo y el aceite, establecidos para subsidiar el precio de productos a base de harina y aceites en botella debido a la subida de los precios internacionales de alimentos, dejarán de tener vigencia al finalizar el año y no serán renovados.
Estos cambios en las políticas económicas buscan fomentar la desregulación y promover un ambiente de mayor libertad y competitividad para las empresas. El Gobierno espera que estas medidas impulsen el crecimiento económico y generen un entorno propicio para la inversión y el desarrollo empresarial.