Qué dice el proyecto que impulsa un Registro de Obstructores de Vínculos Familiares y que genera polémica
La iniciativa fue presentada en la Legislatura en 2022 pero en los últimos días comenzó una controversia por voces a favor y en contra. ¿Qué ocurrirá si la Ley se aprueba?
En octubre de 2022 ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de Ley que pretende crear un Registro de Obstructores de Vínculos Familiares por el que los datos personales de quienes "impiden la comunicación con el progenitor no conviviente" podrán ser divulgados en un sitio web para su "correcta individualización".
Pese a que la iniciativa legislativa de la presidente de la Cámara, Elida Cuesta, tiene un año de su presentación, en los últimos días comenzó a generar controversias por diversas manifestaciones en contra y algunas a favor.
Obstructores de vínculos familiares, dice el proyecto de Ley, son las personas que "gozando del cuidado personal de niños, niñas, adolescentes y/o personas con capacidad restringida, o enfermas o imposibilitadas, por medio de un régimen de comunicación, homologado o resuelto judicialmente, impidiere el vínculo y/o comunicación de los mismos con el progenitor no conviviente y/o con los sujetos legitimados".
Entre las funciones del registro se busca tener un asiento de esas personas "obstructoras", publicar sus datos personales en un sitio web para y expedir certificados de inclusión o de no inclusión en el listado.
Con esta información, el artículo 5 y 6 establece que los "obstructores" no podrán ser designados en cargos de autoridad en la administración pública, ni podrán ser contratados como proveedores del Estado. Tampoco accederán a habilitaciones, licencias, permisos, préstamos, líneas de crédito o subsidios.
En los fundamentos del proyecto que cuenta con 16 artículos, Cuesta argumenta que este es un "mecanismo de protección" de los derechos de los menores o personas con capacidad restringida y que se predispone a emerger como "una medida persuasiva para el cumplimiento eficaz del régimen de comunicación".
La idea del registro que motivó el proyecto surgió de la organización "Infancia Compartida", la cual considera que este es "una herramienta legal eficaz y necesaria para cumplir el objetivo de proteger este derecho de la infancia, muchas veces vulnerado por la recurrencia actitudinal de ciertas personas que incurren en este tipo de obstrucciones".
La génesis de la iniciativa data de noviembre de 2021, fecha en la que se comenzó a visibilizar acampas de padres, madres y abuelos frente al Juzgados de Familia de la Primera Circunscripción Judicial ante la "insoportable mora en los trámites de los sensibles expedientes que allí tramitan". Posteriormente, acusaron incumplimientos de la parte contraria a la revinculación de menores con su entorno familiar.
Por esta situación el Superior Tribunal de Justicia había resuelto intervenir proponiendo reforzar la mediación familiar en conflictos complejos, implementar espacios interdisciplinarios de revinculación familiar con profesionales imparciales y especializados en la materia, mejorar el desarrollo de la gestión interna de los juzgados y reforzar el equipamiento tecnológico, entre otras medidas. Pese a ellos, abogados continuaron denunciando demoras.
Si bien la queja era compartida con unanimidad por abogados, la idea de crear este registro no. El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial dijo que el proyecto de ley "pretende perjudicar la situación de los/as progenitores que tienen bajo su cuidado a niños, niñas y adolescentes cuyo vínculo con sus otros/as progenitores pudo haberse interrumpido debido a denuncias o sospechas de violencias y abusos, yendo en consecuencia contra el principio fundamental de proteger prioritariamente el interés de niños, niñas y adolescentes (NNA)".
Consideran que se pone la prioridad en aquellos progenitores que están denunciados por violencia y abusos "definiendo como obstructores a padres y madres que piden judicialmente restricciones al contacto y la comunicación para protegerlos, siendo casos en donde no se puede decir irresponsablemente que sean todas denuncias falsas".