Abogado
Cuatro años tirados por la borda
El clima político, social y económico actual no me causa ningún desvelo; Argentina vivió momentos más dramáticos que los actuales.
En mi subjetivo criterio, no me cabe duda, la etapa populista inaugurada por Juan Domingo Perón en 1946 llega a su fin.
No me refiero a la extinción del partido justicialista -su canal de expresión- que, obviamente, sobrevivirá a esta crisis dada su formidable resiliencia, sino a una forma de gobernar, de ejercer el poder, que ha producido una degradación institucional profunda, socavado la democracia y violentado el estado de derecho.
No caigo en la ingenuidad de vaticinar que un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio fuere a solucionar los problemas del país, sobremanera, su maltrecha economía, mas puede continuar la senda de Mauricio Macri, cuya administración fue la más virtuosa desde la perspectiva de la institucionalidad, del respeto por la república y la convivencia democrática.
NADIE, PERO ABSOLUTAMENTE NINGÚN PRESIDENTE, RESPETÓ EL ESTADO DE DERECHO COMO MAURICIO MACRI.
Ni siquiera Alfonsín, quien decretó la moratoria de la deuda externa sentando un precedente de una práctica nefasta que se volvió consuetudinaria: el incumplimiento recurrente de los compromisos financieros asumidos por el estado nacional.
En plena escalada inflacionaria que dio pábulo al "Plan Austral", estableció un "desagio" para los contratos de ejecución continuada.
Al margen de propender a calmar la espiral inflacionaria, la medida implicó una intervención arbitraria en las negociaciones privadas (contratos) en curso de ejecución, manifiestamente inconstitucional, aunque la corte suprema nunca se expidió sobre esta cuestión porque ningún planteo llegó a radicarse en ella.
Consistía, el desagio, en descontar la inflación calculada en los precios de los contratos de ejecución continuada con el fin de anular la indexación.
Se trató de uno de los instrumentos del plan austral que en su inicio fue eficaz para frenar la inercia inflacionaria. Su contrapartida fue que el acreedor debía allanarse a una pérdida coactiva e ilegítima de la expectativa monetaria que había previsto al celebrar el contrato, justa, dada la dinámica de la inflación.
En buen romance, el desagio aniquiló uno los principios fundamentales de la teoría de los contratos, la "intangibilidad" consagrada en el art. 3 del Código Civil.
Carlos Menem también incurrió en transgresiones al orden jurídico, la más contundente, el plan "Bónex", también denominado plan "Erman", por el ministro de economía que lo implementó, Erman González.
Escuetamente explicado, implicó una confiscación de los depósitos en pesos que existían en el sistema bancario, canjeados compulsivamente por bonos de cobro diferido a diez años por su valor nominal.
No es menester ser abogado para inferir que una medida de tal naturaleza afecta la propiedad privada como derecho consagrado y garantizado por la constitución nacional.
No le fue en zaga Eduardo Duhalde, quien en su primera semana de gobierno, a expensas de su ministro de economía Remes Lenicov, anunció que se pesificaban uno a uno todas las deudas en dólares, mientras que los depósitos en esa moneda quedaban atados a la odiosa paridad un peso con cuarenta centavos.
El atentado contra la propiedad, en el amplio sentido que la Corte Suprema asigna a este derecho, no puede ser más patético, lo que detonó acciones de amparo contra el "corralón" que se multiplicaran en casi todos los tribunales del país.
Nunca los honorarios de los abogados fueron tan bajos como los que se cobraron por extraer los depósitos confiscados; sin embargo, la prensa como los ciudadanos que a ellos recurrieron, hablaron de estafas, maniobras turbias, negocio de abogados, etc.
Los máximos exponentes de la violación constante, permanente, del estado de derecho son claramente Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
El primero, desde el inicio de su mandato, se propuso reemplazar los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, objetivo que concretaría por procedimientos reñidos con la constitución, verbigracia, forzando a alguno de ellos a jubilarse, renunciar, difamándolos por la prensa o amenazándolos con juicio político.
Como la situación económica había mejorado, se logró cierta estabilidad monetaria, la soja se fue a más de quinientos dólares la tonelada, dándole oxígeno a la economía, la prensa y la oposición nada dijeron respecto del atentado a la independencia del poder judicial.
Alberto Fernández inauguró su mandato con una flagrante violación a la ley suprema.
La primera medida que adoptó fue enviar al parlamento un engendro jurídico sancionado como Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en virtud de la cual el congreso de la nación delegaba al poder ejecutivo la facultad de legislar (art. 1°) en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, en una palabra, una delegación in totum de las prerrogativas que le concede el art. 76 de la constitución nacional.
Esta ley es insanablemente nula, pues una delegación tan extensa de prerrogativas por parte del congreso está prohibida por el art. 29 de la Constitución Nacional, que transcribo a continuación:
"El Congreso no puede conceder al ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".
El contexto histórico facilitó que Argentina viviera en una situación de facto, pues nadie, ni el periodismo, tampoco el poder judicial, quería poner obstáculos a las medidas adoptadas por el ejecutivo para combatir la pandemia de Covid 19.
Las garantías constitucionales fueron suspendidas sin establecer el estado de sitio, de modo que los derechos fundamentales como el de entrar, permanecer, transitar, salir del territorio nacional, de reunión, de comerciar, de ejercer cualquier industria lícita (art. 14 C.N.) fueron vulnerados.
Si el congreso no está facultado para dejar en suspenso garantías constitucionales, salvo de manera limitada durante el estado de sitio, con mayor razón, esa prerrogativa podía ejercerla el ejecutivo vía delegación.
Alberto, entre otras fechorías, aprovechó la oportunidad para suprimir la movilidad jubilatoria, reemplazándola por su voluntad señera, pero discrecional: en lo sucesivo, los aumentos los decretaría el poder ejecutivo, con la periodicidad y monto que le venga en gana.
La corte suprema, mutis por el foro.
Es el mismo tribunal que, con indisimulable sesgo peronista, esperó quince años para declarar la inconstitucionalidad del decreto N° 1399/01 en virtud del cual se deducía de la coparticipación federal un porcentaje destinado a financiar el sistema previsional, detracción que se impuso unilateralmente por la nación.
Con los reflejos que los caracterizan, los cortesanos esperaron que Macri ganase las elecciones generales en 2015 para dictar el fallo que obligaba al estado nacional a restituir los fondos retenidos a las provincias demandantes, Córdoba, Santa Fe y San Luis (no lo hicieron cuando gobernaron Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández).
Traigo esto a colación porque ni Macri, tampoco ninguno de sus funcionarios, criticaron la sentencia, tampoco intimidaron a los ministros de la corte con promesas de juicio político.
La misma conducta observaron cuando el poder judicial consideró inconstitucional la suba de tarifas; ídem, cuando M.M. redujo a diez por ciento (10%) el IVA que grava los alimentos; en este caso, la corte se tomó el exiguo plazo de treinta días para fulminar el decreto con la inconstitucionalidad.
El peronismo, en su versión kirchnerista (la más genuina), de modo sistemático, permanente, atacó al poder judicial cuando dictó alguna resolución que afectaba sus intereses políticos, la persona o patrimonio de sus principales dirigentes.
Tampoco se privaron de realizar marchas con el objetivo de remover los ministros de la corte suprema, como la organizada por Luis Delía, o promoverles juicio político a instancia del ejecutivo que se encuentra en curso en el congreso, una payasada que no puede prosperar porque no tienen las mayorías calificadas que exige la constitución.
Atribuible al mismo partido fue la maniobra realizada en el Senado consistente en dividir el bloque del partido para designar un delegado al Consejo de la Magistratura, ardid que fue frustrado por un fallo ejemplar de la corte suprema que fue comentado en este blog.
Dejando de lado el prontuario de violaciones al estado de derecho perpetrados por los "compañeros", una impronta, un estilo de ejercer el poder fue el aspecto sobresaliente del mandato de Macri.
No recuerdo una declaración ofensiva, peyorativa, respecto de sus adversarios políticos. La relación armónica con los gobernadores provinciales del peronismo fue por ellos reconocida; ninguno argumentó que fue discriminado por el gobierno nacional.
Sin embargo, cuando Macri visitaba provincias justicialistas era recibido por manifestaciones de protesta incentivadas por los anfitriones; se llegó, incluso, a atentar contra el vehículo que trasladaba al presidente.
Durante su gobierno, las únicas manifestaciones de violencia callejera, atentados contra edificios públicos, como el congreso (a propósito de la ley de ajuste de las jubilaciones), con toneladas de piedras, bombas molotov, fueron protagonizados por la oposición.
Estando Cristina Fernández en el poder, el medio oficial de difusión de noticias, TV pública, fue cooptado por el kirchnerismo que lo empleó para tediosas cadenas nacionales, como órgano de difusión de su obra de gobierno e ideología política.
El programa emblema fue 6, 7, 8 un panfleto que de ninguna manera podía difundirse por un canal oficial que debe guardar objetividad y neutralidad partidaria.
Cuando asumió Macri jamás la TV oficial fue usada como comité para exaltar la obra de gobierno, poniendo las cosas en su lugar.
En este caso, el espíritu democrático produjo efecto, porque durante el mandato de Alberto se volvió a la normalidad en este tema, se terminaron las cadenas y se eliminó la propaganda política explícita.
Es imperativo para Argentina volver a la senda del estado de derecho. Los cuatro años de Macri dejaron un modelo, un paradigma de buenas prácticas políticas que debe ser capitalizado por las administraciones que vengan en el futuro, cualquiera sea su signo político.
En los países democráticos libres y materialmente ricos, la institucionalidad fue anterior y presupuesto indispensable para el desarrollo, algo que el pueblo argentino debiera tener presente a la hora de emitir el sufragio
En las últimas presidenciales, por un siete por ciento de los votos resignó su dignidad, rechazó un envite a la concordia en la dinámica política.
Lamentablemente, el conjunto de los habitantes no estimó en su verdadera significación esta virtud y así le fue: cercenamiento de derechos durante la pandemia, ley de emergencia, confinamiento salvaje, agravios a opositores, persecución a la prensa, al poder judicial, patota sindical, ostracismo internacional, pérdida de autoestima, etc.
Tarde para lágrimas, CUATRO AÑOS (un recurso no renovable como el tiempo), TIRADOS POR LA BORDA.
Abogado. Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.