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Diego Gabriel Derewicki

Juez Cámara Civil y Comercial, expresidente AMFJCH

Otra vez la misma canción

A propósito de la garantía de la independencia del Poder Judicial.

Cada vez más la gente va entendiendo el real significado de la independencia judicial y reclama por distintos medios "justicia" en la solución de resonantes casos que se presentan en nuestra dura realidad. Hoy se debate el asesinato de Fernando Báez Sosa que mantiene en vilo a toda una sociedad, esperando una decisión ejemplar para que estos hechos no vuelvan a suceder.

La misma dirigencia política considera esencial fortalecer la independencia del Poder Judicial; al punto tal que el oficialismo cuestiona a la propia CSJN de no defender este principio, generando injusticias en la distribución de los recursos coparticipables y ensanchando las asimetrías que desde nuestra organización nacional sufren las provincias argentinas. Pero no obstante ello, se olvidan de restaurar los propios cimientos que sostienen la independencia judicial y son necesarios para una adecuada administración de justicia.

Por una parte, se recibe con total beneplácito la noticia que Educación llegará a un 115% de aumento salarial en el año 2022; pero por la otra, lamentamos que esta situación no surge reflejada en el Poder Judicial provincial; el que se encuentra cada vez más alejado de un salario acorde a sus responsabilidades y que respete la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, fiscales, defensores, asesores de menores y funcionarios judiciales; circunstancia que indefectiblemente redundará en un paulatino decaimiento de un servicio esencial del Estado de derecho.

Siquiera con sentencia firme y agotadas todas las instancias el propio Poder Judicial del Chaco logra el ansiado restablecimiento de la garantía de la intangibilidad, de las remuneraciones de magistrados y funcionarios judiciales, a través de la recomposición de los salarios mediante un mecanismo que reinstaure su vigor y permita el funcionamiento independiente del Poder Judicial, impidiendo que en adelante y hacia el futuro se produzcan nuevos desfasajes que importen una nueva violación a la garantía mencionada. ¿Qué esperamos para el común de los justiciables?

Pese al mecanismo instaurado por los Decretos 2761/19 y 3033/19 que paulatinamente se venían ejecutando desde el año 2019 y que se convirtieron en ley 3424-A el día 04/08/2021, y a los cuales se equiparó a todo el personal del Poder Judicial mediante el dictado de los Decretos 855 del 17/04/2021 y 1853 del 26/08/2021, de manera alguna se cumplió con lo dispuesto por la sentencia dictada por el máximo Tribunal de la Nación en la conocida causa "Alonso de Martina"; manteniéndose el estado de situación de vulneración y dilación en que incurre el Poder Legislativo y Ejecutivo para otorgar los aumentos remunerativos que realmente restablezca la garantía de la intangibilidad dañada.

En primer lugar, se advierte que el Poder Ejecutivo (a través del Ministerio de Economía) aplicó la ley 3424-A como normativa especial y exclusiva para disponer "aumento salarial" para el Poder Judicial, cuando la misma debe aplicarse como "ajuste por revisión"; es decir de manera subsidiaria a la pauta salarial general del sector público. Observamos en distinto períodos que otorgó la pauta general salarial al Poder Judicial cuando quiso y la excluyó de manera expresa también cuando quiso; circunstancia que profundizó la decadencia y el menoscabo del salario de los magistrados y funcionarios judiciales, como así también de los mismos empleados.

En el año 2022 al Poder Judicial NO se le otorgó toda la pauta salarial general. Ello sucedió cuando pretendieron dar como "aumento" el denominado ajuste por revisión de la ley 3424-A o bien cuando decidieron discrecionalmente y ya en mora, pagar la deuda "vieja" que generaron los decretos 2761/19 y 3033/19, luego ley 3424- A.

Lo expuesto se evidencia por cuanto el aumento o variación que significó para un juez de cámara con 20 años de antigüedad entre diciembre 2021 y diciembre 2022 llega al 77,77%, para un juez de primera instancia con 15 años de antigüedad un 78,93% y para un secretario de primera instancia con 10 años de antigüedad un 80,13 %. Un jefe de departamento con 5 años de antigüedad un 85,01%, un jefe de división con 5 años de antigüedad un 84,67% y un auxiliar administrativo un 86,52%; cuando la inflación oficial llegó al 94,80% en el año 2022 y la inflación acumulada del NEA es del 96%.

Es evidente que la exclusión discrecional y arbitraria que realizó el Ministerio de Economía para con el Poder Judicial y la aplicación errónea, tardía e insuficiente de la ley 3424-A, demuestra acabadamente que no se cumple con la sentencia judicial firme y consentida que ordena restablecer la intangibilidad vulnerada de todos los jueces, fiscales, defensores, asesores de menores y funcionarios judiciales; sino que se instituye un mecanismo arbitrario que perjudica a todo el Poder Judicial y menoscaba aún con mayor peso la garantía que debe restablecer y reparar.

Por otra parte, atendiendo la elevada inflación existente y el largo plazo que fija el mecanismo de ajuste (cada seis meses), observamos que el Poder Judicial del Chaco siempre corre desde atrás con la reparación y ajuste, terminando el año 2022 un juez de cámara (noviembre de 2022) con un 16% menos que la media del NEA, según los últimos datos recabados por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Pero ello no es todo, en segundo lugar, cabe reparar que si bien el Poder Ejecutivo creó mediante Decreto 2725 del 14/12/2021 la Comisión Técnica en los términos del art. 9 de la ley 3424-A y el propio Superior Tribunal designó a sus representantes mediante Resolución Nº 1081 del 15/12/2021; esta Comisión "jamás" fue convocada ni se reunió para dar operatividad a la real reparación de la intangibilidad; es decir: proyectar los salarios de los magistrados a la "media nacional", tal como fija su objetivo el art. 9º de la ley 3424-A.

Lo brevemente informado demuestra que la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones de jueces y funcionarios judiciales nunca se restableció, ni se fijó un mecanismo adecuado para su permanente respeto; circunstancias que -ante este contexto inflacionario- profundiza el menoscabo del principio de independencia del Poder Judicial, que está pensado para poder cumplir un servicio eficiente e idóneo para la ciudadanía.

Si realmente queremos una justicia independiente (como hoy Naciones Unidas exige asegurar a la Argentina) y el mejoramiento del servicio para la ciudadanía, resulta necesario respetar la propia CN y exigir al Poder Legislativo y Ejecutivo tomen cartas en el asunto seriamente; y por su parte es el Poder Judicial el que debe urgir el restablecimiento inmediato de la garantía de la intangibilidad haciendo respetar la división de poderes y el principio de independencia judicial.

(*) Por DIEGO GABRIEL DEREWICKI - Juez Cámara Civil y Comercial ExPresidente AMFJCH