El Gobierno consensuó con Escuelas de Gestión Social un proyecto de ley que las regula: principales ejes
La iniciativa establece las obligaciones de las instituciones y también tiene una cláusula sobre el personal docente no titulado.
El Gobierno provincial presentó un proyecto de ley que establece la regulación normativa de las Escuelas Públicas de Gestión Social que, según informaron, "cuenta con el aval y acompañamiento de la mayoría de las instituciones educativas públicas de gestión social actualmente vigentes en la Provincia".
Constantemente puestas en debate, de aprobarse la ley impulsada por el Ejecutivo provincial, las escuelas de gestión social contarán con un marco que establece sus principios, características y objetivos de las Escuelas Públicas de Gestión Social, en todos los niveles y modalidades.
Entre los diversos artículos, el Ministerio de Educación reconoce los títulos y certificados que expidan dichas instituciones que están facultadas también a matricular, calificar, examinar, promover y otorgar pases, tal como lo establece el Régimen Académico vigente.
En el artículo 6 del proyecto, las Escuelas Públicas de Gestión Social deberán desarrollar la enseñanza de acuerdo con lo prescrito en los Diseños Curriculares Jurisdiccionales en concordancia con el régimen académico provincial. Asimismo, podrán elaborar propuestas complementarias, en diversos formatos pedagógicos, de asignaturas o contenidos que respondan a finalidades propias del establecimiento y que incidan en una mejor formación integral del estudiante, respetando las leyes vigentes, previa aprobación y autorización de las autoridades competentes.
FINANCIAMIENTO Y CONTROL
Tal como ocurre en la actualidad, el régimen establece que el Estado provincial realizará el pago de salarios, cargas previsionales y sociales, y todo concepto que derive del estatuto del personal docente, no docente, personal docente suplente. Por su parte, el Ministerio de Educación realizará los controles que sean pertinentes.
La ley no establece un límite para la creación y habilitación para este tipo de instituciones pero si estipula los requisitos que deberán cumplir, entre ellos las características del modelo del proyecto que, entre otros cosas deberá "ser elaborado, implementado y evaluado de manera democrática y participativa por quienes compongan los establecimientos educativos".
DOCENTES
Para el ingreso del personal a las Escuelas Públicas de Gestión Social, se deberá contar con título docente y/o habilitante acorde al Nivel y/o Modalidad donde se va a desempeñar, otorgados por Institutos de Formación Docente dependientes del Ministerio de Educación de la provincia o Nación. Quienes formen parte de la institución deberán ser evaluados pero por cada establecimiento.
El personal docente, auxiliares y directivos designados en las presentes instituciones gozará de las mismas licencias y permisos establecidas en la Ley 647-E, y será pasible de las sanciones contempladas en la normativa citada, de acuerdo con la situación de revista correspondiente.
El proyecto impulsado por Jorge Capitanich establece dos cláusulas transitorias: una de ellas establece que las instituciones que se encuentren funcionando pero no se encuadren en los lineamientos de la presente ley deberán presentar un proyecto de mejora y adecuación a ser realizado durante los dos años posteriores al dictado de la presente ley . Cumplido el plazo establecido, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través de su instancia de aplicación evaluará, si correspondiera, la habilitación permanente.
Los docentes no titulados que se encuentren frente a curso, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, que deseen acceder al derecho previsto en el artículo 17inc d. de la presente, deberán completar su proceso de formación docente, con excepción de la modalidad de formación profesional que se adecuará a la normativa de esa modalidad.