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Luis Rodríguez Martínez

Abogado. Presidencia Roque Sáenz Peña.

Fallo ejemplar de la Corte Suprema

El último obsequio que legó al pueblo argentino el gobierno nacional y popular encarnado por la dupla Fernández/Fernández, es el ardid burdo, grosero, de dividir el bloque Frente de Todos en el Senado de la Nación para desplazar a la segunda minoría, Frente Pro, en la designación del representante para integrar el Consejo de la Magistratura.

Como siempre, al justicialismo me refiero, apelando a la estafa, al fraude, a la imposición de objetivos políticos por procedimientos reñidos con el estado de derecho, aunque ello signifique violación de la constitución y suscite un conflicto de poderes con el poder judicial.

Resulta que el Senado, presidido por CFK, debía designar, en cumplimiento del fallo "Colegio de Abogados de la Ciudad" dictado por la Corte Suprema de justicia de la Nación, un representante para integrar el Consejo de la Magistratura, que debía ser designado por el bloque que constituye segunda minoría.

Aclárase que la ley 24.937, orgánica del Consejo de la Magistratura, que el fallo de la Corte indicó aplicar, otorga al senado de la nación la prerrogativa de designar cuatro representantes para integrar el Consejo de la Magistratura, de los cuales:

A.- Dos corresponden al bloque mayoritario Frente de Todos, habiendo sido designados los senadores María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, ambos en ejercicio;

B.- Uno por la primera minoría, Unión Cívica Radical, Silvia del Rosario Giacoppo, también en ejercicio, y

C.- Uno por la segunda minoría, Frente Pro, que propuso al senador Luis Juez como titular y Humberto Luis Schiavoni como suplente.

Por la cantidad de senadores que tiene el Frente Pro, legítimamente le correspondía designar un delegado en cumplimiento del fallo de la Corte aludido anteriormente, como segunda minoría.

¿Qué hizo la presidente de la Cámara, Cristina Fernández de Kirchner? Tuvo la genial idea de dividir el bloque del Frente de Todos en dos, denominados respectivamente, "Frente nacional y popular" y "Unidad ciudadana".

Con esta estafa al principio de pluralidad e integración democrática que consagra la ley que regula la composición del Consejo de la Magistratura, la presidente del Senado designó como representante al senador Claudio Martín Doñate y su suplente, senador Claudio Snopek.

La estratagema es tan grotesca que no merece análisis serio, concienzudo. Es increíble que dignatarios de tal jerarquía se presten a semejante traición a las reglas de juego de la dinámica política e institucional.

Luego que el senado eligiese a Doñate como representante, el senador propuesto por la minoría, Luis Juez y su suplente, Humberto Luis Schiavoni (presidente del Bloque Pro en senadores), dedujeron una acción de amparo solicitando se anule el decreto parlamentario N° 33/22, instrumento legal interno mediante el cual la presidencia del senado produjo la designación.

En primera instancia la causa fue resuelta por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó la acción por dos razones:

A.- El amparo constituye un proceso excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales amenazados con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, no siendo el caso que se trae a juzgamiento, pues el remedio procesal del amparo no puede sustituir el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa "Colegio de Abogados de la Ciudad" radicada ante otro tribunal;

B.- La cuestión a decidir se vincula al funcionamiento político interno del Poder Legislativo y, por ello, no resulta justiciable por imperio del art. 66 Constitución Nacional que reza lo siguiente: "Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlos por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos".

La división e independencia de poderes trae como corolario el principio de que las decisiones de cada poder, cuando ejerce facultades privativas, no son susceptibles de control jurisdiccional, en una palabra, no son justiciables.

Aducen quienes promovieron el amparo que la maniobra dolosa, signada por la mala fe, de la presidencia del senado, conduce al absurdo de posibilitar que el Frente de Todos "con un interbloque oficialista de un total de 35 senadores (menos del 50% de la Cámara) se quede con tres de los cuatro consejeros que corresponden al Senado de la Nación (es decir, el 75% de los senadores consejeros)". Es de toda evidencia que no se respeta la proporcionalidad de la representación política.

A pesar que el bloque Pro solicitó por escrito a la presidencia de la Cámara la designación de su representante, Luis Juez, ésta dejó vencer el plazo de ciento veinte días que le concedía el fallo y, conociendo las reglas impartidas por la Corte Suprema, de mala fe partió el bloque para adueñarse de la representación que al Frente Pro correspondía como segunda minoría.

Luego del dictado de la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa que denegó el amparo, Luis Juez y Humberto Schiavoni interpusieron recurso extraordinario que fue concedido.

Radicada la causa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó sentencia, que aquí comento, revocando la del tribunal inferior en grado y haciendo lugar al recurso extraordinario con valiosos fundamentos que en parte se transcriben en este escrito.

Respecto del argumento esgrimido por la Cámara Contencioso Administrativa en el sentido que lo peticionado en el amparo es una cuestión no justiciable, dijo la Corte:

 No está en discusión el ejercicio de la función legislativa. Tampoco se trata de revisar judicialmente la forma en que el Senado organiza su funcionamiento interno.

Excepto aquellas cuestiones que la Constitución reservó exclusivamente a la discrecionalidad política de otros poderes del Estado, no está exenta del control de los magistrados de la República la lesión de derechos individuales proveniente de una violación de las normas constitucionales y reglamentarias que regulan los procesos a través de los cuales se ponen en ejercicio facultades, incluso privativas, de otros poderes.

En virtud que se trata de revisar el cumplimiento de un aspecto no discrecional del proceso por el cual el Poder Legislativo participa en la conformación de un órgano constitucional del Poder Judicial como lo es el Consejo de la Magistratura (artículo 114 de la Constitución Nacional), la cuestión resulta justiciable y debe ser sometida a un severo escrutinio por parte de este Tribunal.

El pronunciamiento pone énfasis en que, como tribunal supremo, la Corte debe cumplir con su deber constitucional de ejercer una revisión judicial acorde a la trascendencia institucional de la cuestión involucrada, en la cual se encuentra en juego el correcto funcionamiento de las instituciones de la República.

Si renunciara a dicho deber, significaría ubicar a otro poder del estado por encima de la constitución y las leyes.

La deferencia del Poder Judicial al ejercicio que hace otro poder del Estado de sus potestades propias nunca significó una patente de corso para burlar el debido proceso parlamentario.

En la sentencia "Colegio de Abogados" del 16 de diciembre se fijó la notificación como el momento decisivo a partir del cual se debían llevar a cabo "las acciones necesarias a fin de cumplir con el sistema de integración del cuerpo" según la ley 24.937.

Haber prescindido de ella permitió que, una vez conocido el pronunciamiento de la Corte, una de las cámaras del Congreso reformulara los bloques existentes y, de este modo, alterara la finalidad de pluralidad representativa contemplada en la ley restablecida. En ese momento la segunda minoría estaba constituida por el bloque frente pro de nueve integrantes.

El ardid perpetrado por la Presidencia de la Cámara, no es respetuoso de las exigencias constitucionales y legales aplicables sino manipulativo y desnaturaliza el fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador, por lo que no debe admitirse su validez.

Se encargó la Corte de puntualizar que toda artimaña u artificio empleado para conseguir un rédito político, merece reproche de múltiples normas del ordenamiento jurídico nacional y no es compatible con el principio de buena fe que lo preside.

  En efecto, la manipulación de los bloques para desplazar la segunda minoría violenta el señalado criterio de buena fe,  evidencia una maniobra que tiene por consecuencia frustrar la pluralidad representativa garantizada por la Corte Suprema en el caso "Colegio de Abogados de la Ciudad". Afirma la Corte que no puede dictar sus sentencias a espaldas de esa maniobra.

Respecto del primer argumento por el cual la Cámara Contencioso Administrativa rechazó el amparo –no se dan los requisitos de procedencia de dicha acción, por cuanto lo cuestionado no es técnicamente una sentencia y puede ser atendido por las vías ordinarias-  según el criterio de la Corte resulta equiparable a tal, porque lo cierto es que los jueces también se han expedido sobre cuestiones, como lo es la no justiciabilidad del planteo principal, cuya resolución conduce a la imposibilidad de volver a plantear el caso a la justicia y, con ello, a la pérdida del derecho material discutido.

La finalidad de estas líneas es esclarecer, a quienes los temas jurídico constitucionales les resultan extraños e inasequibles, cuestiones de notable gravedad institucional que se suscitan en la cima de nuestra arquitectura de poder.

Estimo, el fallo del Alto Tribunal que comento tiene trascendencia como para convertirse en un leading case, porque determina el alcance del control judicial sobre actos del poder legislativo, en este caso, concretamente del senado, y destierra maniobras dolosas en la designación de representantes de un órgano fundamental de la democracia como es el Consejo de la Magistratura.

En función de tales fundamentos, la parte resolutiva de la sentencia dispone declarar la nulidad del decreto parlamentario DPP N° 33/22 que designó como representante de la segunda minoría para integrar el Consejo de la Magistratura, como miembro titular, al Senador Claudio Martín Doñate y, como suplente, al Senador Guillermo Snopek.

Establece que la partición del Bloque "Frente de Todos" resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura.

Indudablemente, el pronunciamiento de la Corte está imbuido de un espíritu moralizador, pone límites a las maquinaciones protagonizadas por los partidos políticos en la dinámica parlamentaria, sobre todo, cuando esas conductas influyen en el funcionamiento y conformación de otro poder.