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Desvío de mercaderías: procesaron por lavado de activos a la dirigente Vanesa López

La facturación y los ingresos declarados no condicen con los bienes que la dirigente y los otros dos imputados ostentan. Revelador informe al que accedió Diario Chaco. 

Se dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, contra la dirigente social Vanesa López, Walter Liva y Claudio Rubén Ojeda por hallarlos "prima facie" penalmente responsables por el delito de Lavado de Activos de origen delictivo.

Diario Chaco  pudo saber que el juez Ricardo Alcides Mianovich, titular del Juzgado Federal N°2 de Resistencia, evaluó que López, referente social del "Movimiento Los Jóvenes", obtuvo mercaderías a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco, para la distribución entre vecinos y personas de carentes recursos económicos en localidades del interior de la provincia.

Dicha situación es investigada en el fuero ordinario y constituiría el delito precedente al de lavado de activos, y cuya investigación se encuentra en curso ante el fuero ordinario.

Esto a raíz de que, según reza la resolución del juez, esas mercaderías presuntamente eran desviadas y posteriormente se realizaba su venta a terceros, a partir de cuya actividad ilícita podría colegirse la obtención de importantes ganancias ilícitas y con ello proceder a numerosas compras de bienes registrables que no condicen con los perfiles patrimoniales, fiscales y económicos de López, Liva y Ojeda . Este modus operandi encuadra en el delito de lavado de activos.

Se destacó en el resolutorio que las personas investigadas no poseen otras actividades económicas o comerciales legales que justifiquen la adquisición, por sí o por terceros, de numerosos bienes registrables inscriptos a su nombre y teniendo en cuenta el aumento considerable de sus bienes patrimoniales.

La situación fiscal ante la AFIP de los tres imputados, según los informes remitidos por ese organismo recaudador, figuran como monotributistas categoría A, y que emitirían facturaciones irrisorias, que no coinciden con el perfil patrimonial, ni tributarios que actualmente ostentan con numerosos vehículos y motos registrados a su nombre.

En el documento al que accedió este medio, se supo que con el cotejo sobre el valor de mercado de todos los rodados adquiridos a nombre propio y el monto de sus haberes mensuales como empleados públicos, cuyas remuneraciones, de cada uno de los imputados, oscilaban entre los $39.000 a $59.000 como máximo; surge como interrogante el modo que podrían adquirir esa gran cantidad de vehículos, en virtud de no tener otra actividad económica paralela y considerando

Ello permitió inferir que sería materialmente imposible que los imputados adquieran esa cantidad de bienes registrables sin tener un ingreso considerable o paralelo u otra actividad económica, que permitan justificar sus ingresos para proceder así a las compras de esa gran cantidad de rodados.

Es así que estiman las ganancias producto de la actividad ilegal generarían un incremento patrimonial considerable, que se ve reflejado en la compra de numerosos automotores y ciclomotores, todo ello a nombre de los imputados.

Mianovich encontró acreditado el dolo requerido por la norma, debido a que "resulta difícil sostener que los tres imputados desconocieran que las maniobras desplegadas por ellos, tendientes a incorporar el dinero espurio al mercado licito con las compras de numerosos automotores y ciclomotores".

"Con esas ganancias espurias, intentarían darle apariencia de licitud, por lo que tales conductas fraudulentas de lavados de activos desplegadas por los nombrados, estarían encuadradas dentro de las previsiones establecidas en el apartado 1 del art 303 del Código Penal", señala la documental a la que accedió este medio.

EL HECHO 

El jueves 18 de febrero de 2021, alrededor de las 22 horas, encontraron dos camiones con mercaderías de Desarrollo Social destinadas para el Barrio Toba en cercanías de un supermercado de Las Garcitas, a más de 130 kilómetros de su destino original.

La Policía llevó adelante el operativo luego de que un hombre de 40 años, empleado del Ministerio de Desarrollo Social, reconociera que cuando se estaba retirando la mercadería de la sede había un camión del supermercado.

Tras la intervención policial, secuestraron dos camiones una marca Mercedes Benz color Rojo y uno Marca Ford blanco, con los alimentos y desde allí comenzó la investigación.

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