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Ejemplar condena en Chaco

Ordenan a un hombre y su abogada a realizar un curso de género ante conductas hostiles en un proceso familiar

La determinación fue tomada en un fallo de primera instancia. Los dos condenados lo apelaron, pero el tribunal de alzada confirmó la sentencia con un contundente fallo.

Un ejemplar y novedoso fallo surgió de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, tribunal en el que confirmaron un fallo de primera instancia en el que una jueza ordenó a un hombre y a su abogada a la asistencia obligatoria a un curso sobre género, luego de las conductas desplegadas durante el proceso.

Antecedentes

Todo inició en un proceso familiar que fue llevado adelante en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 de Resistencia.

En este caso, un hombre a través de su abogada pidió que se levante la medida de prohibición de acercamiento y comunicación a su ex pareja. Entre los argumentos se aseveró que el hombre "rechazaba y desconocía todas las afirmaciones sobre su persona que involucren la condición de "persona violenta" y solo buscaba solucionar la asistencia económica a sus hijos menores y el plan de parentalidad". Además "puntualizó que las afirmaciones sin pruebas de un supuesto hostigamiento o denigración son parciales". A su vez "advirtió que nunca tuvo inconvenientes de relación, que es una persona de buen nombre y que se ve expuesto a esta "burla personal" en la que se le involucró "gratuitamente y sin ninguna razón". Afirmó encontrarse angustiado e impotente por cuanto afirma no es una persona violenta, y que las causas judiciales existentes dan cuenta de una animosidad de la familia materna ampliada en su contra".

Con todo esto, la jueza de primera instancia consideró que "no se encontraban dadas las condiciones para modificar ni levantar la medida dictada" y además "atendiendo a los términos de los escritos presentados por la parte incidentista y la conducta desplegada a lo largo del proceso, ordenó, tanto al actor como a su abogada, la asistencia obligatoria a un curso sobre género, debiendo acreditar su concurrencia en la causa".

Pero una vez notificados de la decisión, tanto el hombre como su letrada interpusieron recurso de apelación contra la orden de asistencia obligatoria al curso de género. En este sentido, el hombre manifestó que "le agravia la imposición de hacer un curso de género, orden que resulta invasiva de su privacidad y de su integridad personal y evidencia un abuso de facultades". Por su parte, la letrada señaló que "le agraviaba lo manifestado por la Sentenciante en relación al supuesto carácter hostil desplegado durante la audiencia de vista de causa y la responsabilidad que le cabe como operadora judicial, por los planteos realizados en la audiencia y escritos presentados, endilgándole falta de comprensión de la temática de género y violencia".

A su vez, la abogada sumó que "es su obligación ejercer la representación del cliente en el proceso con el descargo y las probanzas conducentes a demostrar la verdad real de los hechos, todo con el mayor y mejor despliegue de fundamentos, herramientas procesales y oralidad"

La confirmación

La apelación recayó entonces en la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en donde se confirmó la resolución de la primera instancia.

En un fallo del 11 de agosto que lleva la firma de los jueces Fernando Heñin y Diego Derewicki, al que accedió Diario Chaco, los magistrados argumentaron su posición al respecto.

"Entendemos preciso remarcar, desde el inicio, una premisa que debe quedar clara: la violencia de género es un problema de derechos humanos que debe analizarse desde una perspectiva que posibilite el cambio cultural, requerimiento que interpela a la sociedad toda", afirmaron.

A continuación, hicieron un repaso de las normativas que rigen respecto a la capacitación en género, nombrando por ejemplo la Ley nacional Nº 27.499, conocida como Ley Micaela, o la determinación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que dispuso en julio de 2021 a nivel nacional que quienes tramiten la licencia de conducir recibirán una capacitación con perspectiva de género. A nivel local nombraron la Ley Nº 2997-G, por la cual la provincia adhirió a la Ley Micaela.

Entonces, la alzada expresó que "en el escenario descripto, no se alcanza a comprender cuál es el "agravio irreparable" que ocasiona, tanto al incidentista como a su apoderada, la disposición de la juez que les indica la realización de un curso de género ".

Además, sumaron que "en relación al actor, cuadra señalar que yerra en su interpretación de que la aludida orden sea invasiva de su privacidad e integridad y configure un exceso de facultades". Y añadieron que "el estudio formativo es una de las principales herramientas para alcanzar la erradicación de la violencia y la solución definitiva de este mal, puesto que se centra en tratar de hacer visible para el agresor las conductas y conceptos violentos que muchas veces él mismo no identifica como tales, propendiendo a una comprensión de estereotipos que garanticen la no repetición de tales conductas y prevenga la configuración de nuevas agresiones".

"Resulta insoslayable advertir que el actor no logra entender a la fecha el carácter agraviante que sus actitudes significan para la Sra. Z ni la angustia que en ella generan las mismas ", agregaron los jueces. Además, agregaron de manera contundente: "Este convencimiento de la rectitud de sus acciones y la falta de reflexión al respecto, desechando completamente la percepción de la víctima, su sentir y las necesidades que aquella expresara, reproduciendo estereotipos patriarcales desde que la culpabiliza por "dañar su imagen social", convence a este Tribunal del acierto en la decisión del aquo sobre la realización del curso de género y violencia".

Respecto a la abogada defensora, los magistrados del tribunal consideraron que "insoslayable resulta advertir que la terminología cuestionada en los párrafos precedentes, atribuidos al accionante, se encuentran directamente relacionados con el desempeño profesional de la abogada recurrente, por ser quien, en su carácter de apoderada, lo asesora y acompaña, plasmando con "el mejor despliegue", como ella misma asevera, la defensa de los derechos de su cliente".

"No se logra dilucidar porqué la realización de un curso de género supondría para la Dra. un antecedente negativo en su legajo personal, desde que, contrariamente a su percepción, la formación en la materia no sólo resulta necesaria en su carácter de auxiliar , sino que demuestra y refuerza la capacitación necesaria que todos los operadores del sistema debemos adquirir para mejorar nuestro desempeño e ir abandonando lentamente los estereotipos y concepciones superadas que siguen siendo parte de nuestro pensar y hacer cotidianos", expresa también la sentencia de la Cámara de Apelaciones.

Para cerrar, expresaron que "como resulta de las consideraciones expuestas, la determinación establecida por la Sra. Juez de grado, se encuentra adoptada dentro del marco de sus facultades, respaldada en las constancias de autos y cuenta con suficiente respaldo legal y constitucional, no advirtiendo este Tribunal ausencia de razonabilidad, que amerite su modificación".

Por último, confirmaron el fallo de primera instancia y ordenaron al hombre y a su abogada a la asistencia obligatoria a un curso sobre género.

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