Diputados de la oposición presentaron un proyecto para derogar el impuesto a bienes personales
La iniciativa fue presentada por el radical Martín Tetaz y cuenta con el acompañamiento del libertario Javier Milei y del radical chaqueño Juan Carlos Polini, además de otros 17 diputados.

El diputado de Evolución Radical Martín Tetaz impulsó un proyecto de ley que busca derogar el impuesto a los bienes personales.
El texto es acompañado por otros 19 legisladores de la oposición, entre los que se destaca Javier Milei, de La Libertad Avanza, además de otros de Juntos por el Cambio como el chaqueño Juan Carlos Polini.
"Con varios diputados de Juntos por el Cambio y otros partidos de la oposición acabamos de presentar un proyecto para derogar el impuesto a los bienes personales", contó Tetaz tras difundir la iniciativa.

Entre sus fundamentos, el proyecto marca que "el impuesto a los bienes personales compite con los impuestos provinciales sobre la propiedad (IIRR o IIUU), reduciendo las fuentes de financiamiento de las jurisdicciones locales, más allá de que sea parcialmente coparticipable" y afirma que "esta superposición limita la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno Nacional está más lejos del ciudadano que los gobiernos locales y por lo tanto se genera un incentivo perverso a inflar los gastos provinciales, toda vez que no hay que elevar un impuesto local para financiarlos".

A su vez, consideran que "se trata de un tributo de diseño deficiente, puesto que no graba el patrimonio, sino los activos, que son manifestaciones imperfectas de la capacidad contributiva, rompiendo el principio de equidad horizontal reclamado por el mencionado artículo de la Constitución, puesto que las valuaciones fiscales diferentes de cada provincia hacen que la contribución no sea proporcionalmente igual en todo el territorio de la Nación".
"Tampoco le asisten razones pragmáticas vinculadas a su importancia en el financiamiento del gasto por cuanto solo representa 1,3% de la recaudación", se indica.
Además, Tetaz marca que "la tendencia moderna en finanzas públicas es gravar los flujos y no las fuentes que lo generan, porque esta última conducta reduce los incentivos a acumular capital y puede incluso ser confiscatoria, reduciendo la capacidad de generar futuros flujos, en épocas en que la rentabilidad del capital muestra tasas negativas en el mundo y el retorno de los inmuebles está en muchos casos debajo de las alícuotas marginales vigentes".

Entre los firmantes figuran además de Tetaz, los diputados Laura Rodríguez Machado, Lidia Ascarate, Juan Carlos Polini, Martín Arjol, Ximena García, Manuel Aguirre, Gustavo Bouhid, Gabriela Lena, Carlos Zapata, Rogelio Frigerio, Alejandro Finocchiaro, Aníbal Tortoriello, Hugo Romero, Roberto Sánchez, Fernando Iglesias, Danya Tavela, Javier Milei y Victoria Villaruel.
Tetaz, autor de la iniciativa, aseguró a Infobae que "el proyecto cuenta con la firma de Juntos por el Cambio y del bloque Liberal por lo cual tenemos 120 votos asegurados y resta ir a buscar los nueve votos que nos faltan para lograr la media sanción de Diputados: Por eso hay expectativa de que se pueda conseguir".

El Artículo 1 de la iniciativa marca: "Derógase el impuesto dispuesto por el artículo 16 de la ley 23.966, texto ordenado por decreto 281/97″, mientras que el Artículo 2 propone: "Deróganse los artículos 17 al 30 bis de la ley 23.966, texto ordenado por decreto 281/97″.
Por su parte, el tercer artículo propone que "en el caso de que el contribuyente haya ingresado anticipos o pagos anticipados del impuesto establecido por el artículo 16 de la ley 23.966, o la declaración jurada presentada arrojase un saldo a favor del contribuyente, los importes en cuestión serán tomados en cuenta como saldos computables para la cancelación del impuesto que correspondería ingresar en concepto de alguno de los impuestos establecidos por esta ley".
El artículo 4º señala que "la disposición de ley entrará en vigencia "a partir del ejercicio fiscal siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial", mientras que el Artículo 5 indica comunicar la norma al Poder Ejecutivo.